CHAU SAN JORGE!!!!!!!!

jueves, 28 de junio de 2012

MERCOSUR: ¿INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS O DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES?

28-6-12



Comunicado de Prensa de la Asamblea Popular por el Agua

Los días 28 y 29 de junio se realiza en Mendoza el encuentro de los países miembros del Mercosur, el cual tiene el objetivo de seguir manteniendo los lazos actuales de comercio y profundizar el actual desarrollo económico.

Más allá de la integración latinoamericana, con la cual estamos en total acuerdo, no podemos dejar de mencionar la profundización de políticas económicas que atentan contra nuestros pueblos. Estas políticas no son en beneficio de la sociedad en su conjunto sino de las corporaciones extractivistas, favoreciendo a inversores extranjeros y a un apuñado de acomodados de cada país.

Podemos ver este tipo de políticas en muchos de los países de América del Sur, algunos de ellos miembros del Mercosur. Tal es el caso de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Brasil y Argentina, en donde se postula a la megaminería como solución a todos los problemas económicos que nos aquejan. Megaminería significa: leyes blandas, compra de voluntades, promesas mentirosas sobre un supuesto progreso, atropello de comunidades, discursos extorsivos sobre la necesidad de aún más metales (siendo que en América Latina se está extrayendo el triple de lo que en ella se usa), lavado de imagen de las empresas mineras y extractivas en general, leyes antiterroristas para la represión de la protesta social. 

El agronegocio, que trae consigo monocultivo, fumigaciones, desmontes, pérdida de biodiversidad, expulsión de campesinos y empobrecimiento del ámbito rural, entre otras maravillas, forma parte también de este paradigma extractivista. En estos días el negocio sojero, a través de la empresa Monsanto, ha mostrado su poder de derribar gobiernos en el golpe parlamentario cometido en contra de las instituciones democráticas en el Paraguay (http://www.atilioboron.com.ar/2012/06/lugo-y-la-conexion-del-agronegocios.html). Esto nos hace preguntarnos: ¿es posible la integración latinoamericana bajo la conducción de las corporaciones del extractivismo, como las mineras y Monsanto? Creemos que no.

Las políticas extractivistas y depredatorias tienen nombre en Latinoamérica: IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), que es el proyecto impuesto por los grandes poderes en Sudamérica para el saqueo y la contaminación. Muchas de las obras que parecen traer desarrollo y bienestar (rutas, tendidos eléctricos, puertos, ferrocarriles) y algunas otras que ni eso aparentan (centrales nucleares, hidrovías, represas en llanos), son verdaderas venas por donde se desangra nuestro continente, rutas del saqueo, reguero de contaminación y corrupción(http://www.proteger.org.ar/iirsa/pagina.php?id=2).

Este modelo geopolítico tiene un fin: seguir ofreciéndole materias primas a un sistema mundial que devora combustibles fósiles y emite contaminación, que fumiga a las personas y produce alimento balanceado a base de soja, que contamina el agua y almacena oro en los bancos de los países centrales. La verdadera distribución de los ingresos, la sustentabilidad ambiental, el bienestar de los pueblos jamás será llevado a cabo bajo un sistema y un gobierno que alienta a las transnacionales del extractivismo a venir a saquearnos (http://www.youtube.com/watch?v=N0UGR_UvcGA&feature=share).

Los pueblos se integran en sus sentires, en sus culturas, en su diversidad. El siglo XXI no será el de los grandes desarrollos, porque el planeta no da más. Fracasarán Cumbres, encuentros, foros, economías si no nos damos cuenta de que el único desarrollo posible es el desarrollo a escala humana, el buen vivir, la solidaridad. Desde la Asamblea Popular por el Agua le decimos NO A LA INTEGRACION CAPITALISTA DEL MERCOSUR, SÍ A LA INTEGRACIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNES.

¡NO al saqueo y la contaminación de los bienes comunes en Latinoamérica!
¡NO a la megaminería, los agronegocios, las pasteras y el extractivismo!
¡SÍ a la solidaridad, a la diversidad, a la hermandad de los pueblos para el buen vivir!

Contactos de Prensa:
Gabriel: 261-5337151
Matías: 261-5073690

-- 



Asamblea Popular por el Agua
CONTRA EL SAQUEO Y LA CONTAMINACIÓN
miembro de:
ASAMBLEAS MENDOCINAS POR EL AGUA PURA  - AMPAP -
REGIONAL CUYO - NOA
UNIÓN DE ASAMBLEAS CIUDADANAS  - UAC -

Agresiones a campesinos en Tunuyán



El agresor es Osvaldo Anzorena, roció con gas pimienta a varias personas y contrató matones para amedrentar a las familias, que desde principios de la semana son amenazadas y agredidas físicamente

El miércoles 20 del corriente el empresario Osvaldo Anzorena, domiciliado en la ciudad de Tunuyán, se apersonó en la casa de Doña Susana Tejada increpándola de manera muy violenta a ella y su marido Lito. Uno de los vecinos comenzó a filmar la situación y en ese momento Anzorena lo atacó con gas pimienta y escapó. El vecino agredido debió ser llevado de urgencia al hospital donde quedo internado por varias horas debido a la ceguera. Ante el pedido de tranquilizar la situación por la presencia de niños, otro vecino, y su pequeño hijo de 4 años, también fueron víctimas de la agresión con gas pimienta.

Esto ocurrió en el Arroyo Guiñazu, departamento Tunuyán. En una finca vecina a la de Susana y Lito viven, hace más de 25 años, Don Juan Sena con su familia. Algunos de los hijos de Juan, han formado sus hogares cercanos a su casa paterna. En la finca residen alrededor de 20 personas, la mitad de ellos niños.

Anzorena se atribuye la propiedad de estas fincas, sin presentar, ni ante las familias, ni ante la justicia, prueba alguna de dicha afirmación. Desde hace varios meses está molestando a la familia Sena, diciendo que las propiedades son de él, que se tienen que ir. Ante la negativa de las familias, que bien conocen sus derechos, contrató a matones para amedrentarlas de manera violenta.

Desde principios de esta semana las familias Tejada y Sena sufren amenazas de agresión física. En horas de la noche los matones contratados apedrean las casas. Los mismos pernoctan en una casilla puesta por Anzorena para tal fin.

Las familias no tienen luz eléctrica debido a que Anzorena prohibió, con amenazas, a operarios de Edemsa, que les bajen la luz. Los propios operarios confirmaron esta situación.

Los días 20, 21, 26 y 27 del corriente las familias realizaron las denuncias por las agresiones, la invasión a las casas, y las amenazas de golpes y daño a las viviendas. La autoridad policial se negó a dar copias de las mismas.

Exigimos respeto a nuestros derechos. Seguiremos defendiendo nuestros territorios campesinos
Fuente: USTE-MNCI
Seguinos en Facebook: https://www.facebook.com/unaestrellaverde
Seguinos en Twitter: @tuestrellaverde

lunes, 18 de junio de 2012

Movilización en Zapata y Costanera en pos de la defensa de la Ley 7722



San Carlos dirá presente en la manifestación.


Distintas organizaciones sociales nucledas en las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura se autoconvocan para que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ratifique la constitucionalidad de dicha letra, que legisla protegiendo el uso del agua en la provincia. Será el martes a las 10, en el nudo de Zapata y Costanera.



Distintas organizaciones sociales anti-minería contaminante, se manifestarán el martes a partir de las 10, en Zapata y Costanera. “La Ley 7722 corre peligro, ¡defendámosla!”, dicen desde las organizaciones.

Al respecto, emitieron un comunicado, es el siguiente:
“Hace cinco años, el pueblo movilizado en las calles y rutas, logró la aprobación de una ley central en la historia de Mendoza. La ley 7.722 surgió de la lucha de las asambleas de vecinos autoconvocados y ciudadanos indignados. Gracias a esta ley, Minera San Jorge y otras no lograron avanzar sobre nuestros bienes comunes.  

“Desde entonces los empresarios mineros, apoyados por los gobiernos de turno, algunos medios de comunicación y lobbistas, han intentado derogarla. Para lograr sus fines tergiversan la realidad, tratando de hacernos creer que el modelo productivo provincial estaría supuestamente “agotado” y que la “solución” sería aceptar la megaminería en nuestro territorio. Al hacerlo, traicionan los esfuerzos de nuestros ascendientes que apostaron a una Mendoza con un medio ambiente sano, y organizaron un sistema productivo que hizo grande a Mendoza en la región y Argentina.

“Quienes atacan la ley 7722 han presentado proyectos ante la Legislatura para modificarla, buscando reducir su alcance y fuerza, y logrado que diversos funcionarios, intendentes y concejales salgan a defender lo indefendible. Y han pedido al Poder Judicial que declare inconstitucional esta ley que protege nuestros recursos hídricos.

“La Ley 7722 protege el agua de Mendoza pues: a) prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en la minería metalífera; b) establece que la Declaración de Impacto Ambiental de los procesos mineros debe ser ratificada por ley; c) permite mayor participación de los municipios en la evaluación del impacto ambiental; y d) exige a las empresas mineras un seguro ambiental.

“Apenas sancionada la Ley 7722 en 2007, un grupo de empresas mineras iniciaron acciones judiciales pretendiendo que fuese declarada inconstitucional. Esas 10 causas están en manos de la Sala II de la Suprema Corte de Justicia, integrada por los Dres. Adaro, Böhm y Salvini. En los últimos tiempos, los expedientes están avanzando aceleradamente, y de un momento a otro podría ocurrir lo peor. Dada la gravedad de lo que está en juego, exigimos que las causas sean resueltas no sólo por tres jueces, sino por todos los ministros que componen la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA, RATIFICANDO la constitucionalidad de la LEY 7722.
“Ante esta grave situación, convocamos a todos los mendocinos y mendocinas, a todas las organizaciones sociales, estudiantiles, gremiales y políticas, a festejar el 5º aniversario de vigencia de la ley, participando de la Marcha por la defensa de la ley 7722 y el agua de Mendoza.

“Concentraremos desde las 10, en Costanera y Vicente Zapata, para desde allí marchar hacia la Legislatura y el Poder Judicial a exigir que se respete la plena constitucionalidad de esta ley.

“¡No vamos a permitir que destruyan nuestro territorio ni a sus habitantes! ¡No Pasarán!

“¡Absoluto cumplimiento de la ley 7722! ¡Que toda la Suprema Corte de Justicia ratifique su constitucionalidad! ¡Fuera la megaminería de Mendoza y de Argentina!
¡Por una sociedad más justa, sin saqueo ni contaminación!, finaliza el comunicado de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura y la Coordinadora por el agua y los bienes comunes.


sábado, 16 de junio de 2012

“Que la Suprema Corte Provincial declare en pleno su Constitucionalidad ”


Comunicado de Prensa de la Asamblea Popular por el Agua

DEFENDAMOS LA LEY POPULAR 7722:
“Que la Suprema Corte Provincial declare en pleno su Constitucionalidad ”
 
Hace casi cinco años, el pueblo mendocino movilizado en las calles y rutas a lo largo de la provincia logró la aprobación de una ley central en la historia de la provincia. Esta ley  surgió de la lucha de las asambleas de vecinos autoconvocados, de la movilización e indignación ante las arbitrariedades del capital y sus gobernadores provinciales. Esta es la ley que impidió que la Megaminera San Jorge destruyera Uspallata y que más proyectos promovidos por la voracidad del lucro se sometan a las exigencias de protección de nuestros bienes comunes.   

Desde entonces, los empresarios megamineros y sus aliados, entre ellos los distintos gobiernos de turno, varios medios de comunicación, algunos científicos, políticos y lobbistas locales, han intentado bajar de distintas maneras esta ley del pueblo. Han tergiversado la realidad y las noticias, y cuando no era posible, han mentido lisa y llanamente. Han presentado proyectos legislativos para modificarla y  lograron que diversos funcionarios, intendentes, concejales y demás empleados a su servicio salgan públicamente a defender lo indefendible. Ahora están presionando al Poder Judicial Mendocino para declarar inconstitucional esta ley que nos protege en parte de la megaminería.

¡Porque esta ley es una herramienta popular, vamos a defenderla! 

Esta ley también protege los lagos, cuencas  y recursos hídricos de toda Mendoza, puesto que: a) prohíbe el uso de sustancias químicas como CIANURO, MERCURIO, ACIDO SULFÚRICO, y otras sustancias tóxicas similares en la minería metalífera; b) establece que la DIA (declaración de impacto ambiental) de cada proceso extractivo (cateos, prospección, exploración, explotación o industrialización) deben ser ratificadas por ley; c) permite mayor participación en los municipios en la evaluación del impacto ambiental; y d) les exige a los emprendimientos con impacto ambiental un seguro ambiental.   

Sabemos, como ya lo tiene claro gran parte del pueblo, que los responsables en intentar bajar esta ley son los mismos. Detrás de las bambalinas de los expedientes judiciales, el gobierno de Paco Pérez y muchos legisladores y legisladoras cómplices están al acecho. Es que por la vigilancia del pueblo, en la Legislatura se cuidan de dar el zarpazo a la ley 7722, aunque hay varios proyectos para reducir el alcance y la fuerza de la ley, que están esperando el momento para presentarse. Por lo pronto, la pelotita pasó al Poder Judicial. En el terreno de la justicia local, una asociación de profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y un grupo de empresas relacionadas con la megaminería han presentado hace un par de años acciones para declarar inconstitucional la 7722. 

Hoy, esa presión se aplica a los jueces y los expedientes están avanzando aceleradamente, ante la impaciencia de los capitales, por lo que puede esperarse lo peor. Por ello exigimos, dada la importancia de lo que está en juego, que la SUPREMA CORTE PROVINCIAL RATIFIQUE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 7722 EN PLENO, es decir, que todos sus miembros traten este asunto.  

Y ante la gravedad de los hechos, convocamos a todo el pueblo y todas sus organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y gremiales a participar de la MARCHA POR LA DEFENSA DE LA LEY 7722 el próximo martes 19 de junio. Concentramos desde las 10hs. en Costanera y Vicente Zapata (nudo de costanera), marchamos hacia la Legislatura y concluimos en los Tribunales para exigir se respete la constitucionalidad de esta ley popular.   
 
Esta marcha es solo el inicio de un plan de lucha prolongado y expansivo, en defensa de esta ley que como pueblo supimos conseguir. ¡No vamos a permitir que la voracidad del capital megaminero y sus cómplices locales destruya nuestro territorio ni a sus habitantes! ¡Daremos batalla!  

¡ABSOLUTA VIGENCIA DE LA LEY 7722!

¡QUE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DECLARE EN PLENO SU CONSTITUCIONALIDAD!

¡FUERA LA MEGAMINERÍA DE ARGENTINA, DE AMÉRICA LATINA Y DEL MUNDO!
              
Asamblea Popular por el Agua

Contactos:
Luis Sánchez:             261-6516046      
Paula Ferreira:             261-5514854      
Federico Blonda:             261-3056291      


-- 



Asamblea Popular por el Agua
CONTRA EL SAQUEO Y LA CONTAMINACIÓN
miembro de:
ASAMBLEAS MENDOCINAS POR EL AGUA PURA  - AMPAP -
REGIONAL CUYO - NOA
UNIÓN DE ASAMBLEAS CIUDADANAS  - UAC -

Informante sobre nosotros en: 
Blog:
http://asambleapopularporelagua.blogspot.com

Facebook (Suscripciones):

Facebook ("Me Gusta"):
 
Twitter:
Nos pueden escuchar en:
LA CORRENTADA!!!
http://soundcloud.com/lacorrentada
Jueves 12hs.
Radio Cuyum 89.3 Mhz

miércoles, 13 de junio de 2012

leon gieco se suma a la lucha contra el uranio

¡Feliz cumpleaños 7722!


Por Laura Fiochetta - lfiochetta@losandes.com.ar

El próximo 20 de junio es el cumpleaños de la ley 7.722 la que, por presión popular, prohibió hace 5 años la minería a cielo abierto en todo el territorio mendocino. Por tres minutos dejemos de lado nuestra postura a favor o en contra de la actividad y hundámonos en la historia de esta norma que es conocida en muchos lugares de nuestra provincia como "la ley del pueblo".

Es que el por entonces gobernador Julio Cobos, en sintonía con varios gobernadores de las provincias cordilleranas, se mostraba interesado en impulsar la megaminería y, de hecho, había recibido a inversores extranjeros que querían empezar a explorar algunas zonas de la provincia en búsqueda de oro, plata y/o cobre.

Hacía un par de años que en el Valle de Uco, particularmente en San Carlos, se había generado una fuerte movilización en contra de la actividad ya que vecinos de ese departamento se autoconvocaron alertados por los perjuicios ambientales y los pocos beneficios impositivos que consideran que la minería a cielo abierto trae aparejados. La resistencia a los proyectos mineros fue masiva entre los sancarlinos y consiguieron frenar las exploraciones, haciendo cambiar de postura a quienes estaban al mando de la comuna.

Desde agosto de 2006, un grupo de vecinos de General Alvear comenzó a juntarse inquietados porque la minería llegaba al departamento sureño. El interés de los empresarios mineros y del Gobierno provincial creció a la par de la cantidad de adeptos que fue sumando la asamblea de autoconvocados.

Pudimos ver al cura del pueblo dando misa en un piquete, a más de 6 mil personas cortando rutas, o a una plaza repleta de manifestantes que dejaban de lado sus actividades cotidianas para protestar. Así, en la Legislatura, a través de iniciativas de diferentes legisladores de la oposición, se empezó a gestar la norma que el 20 de junio y después de muchísimas idas y vueltas tuvo sanción definitiva.

Esta ley que es la 7722 dice textualmente en su artículo 1: "...se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo". Quienes se habían movilizado en varios puntos provinciales (incluido el Gran Mendoza a través de la Asamblea Popular por el Agua) hicieron una fiesta.

Incluso, Cobos llamó por teléfono a algunos alvearenses para felicitarlos por el logro conseguido. Es que juntarse con los vecinos por lo que consideraban un bien común (el agua) les había traído satisfacciones.

¿La historia terminó aquí? No. En la Suprema Corte local hay 10 pedidos de inconstitucionalidad que presentaron las empresas mineras. Estas presentaciones judiciales están en manos de la Sala 2 de la Corte, conformada por Mario Adaro, Carlos Böhm y Herman Salvini. La semana pasada corrió una versión de que algunos artículos principales de la ley serían declarados inconstitucionales lo que abriría otra vez las puertas para la megaminería.

De ser así, ¿volverá a escribirse otro capítulo de reclamos y protestas masivas en tantos pueblos de la provincia? Las asambleas continúan actualmente activas y, de hecho, preparan un festejo para el aniversario de la norma. ¡Salud!

http://www.losandes.com.ar/notas/2012/6/13/%C2%A1feliz-cumpleanos!-648259.asp

Presión sobre los jueces de la Corte que deben decidir el futuro de la ley 7722



 
Salvini, Böhm y Adaro tienen en sus manos el futuro de la ley 7722 y reciben presiones de todos lados.
 
Los integrantes de la Sala Segunda de la Corte tienen en sus manos el futuro de la ley 7722 y reciben presiones de todos lados. Analizan pedir que sea la Corte en pleno la que decida. En el gobierno los sectores "pro mineros" esperan que la Corte anule al menos parcialmente la ley. Una resolución de Diputados aclara dudas sobre Sierra Pintada: la ley no restringe la remediación
Es la causa más caliente que tiene la Suprema Corte de Justicia y la presión recae sobre tres jueces. Mario Adaro, Carlos Böhm y Herman Salvini tienen en sus manos el futuro de la ley 7722, que restringe el uso de sustancias tóxicas en la minería. Se trata de los integrantes de la Sala Segunda del máximo tribunal, donde recayeron los 10 pedidos de inconstitucionalidad de la ley presentados por distintas empresas mineras.
Las causas avanzan con el aporte de elementos probatorios de las partes y en poco tiempo más quedarán en “estado de resolver”. Desde ese momento, los jueces tienen 60 días hábiles para emitir un fallo.
Pero una de las posibilidades es que se pida que no sean sólo los tres jueces los que decidan el futuro de la ley, sino que sea la Corte en plenario quien lo haga. Así, serían los siente miembros los que tendrían derecho a voto. En realidad es casi seguro que serían seis, porque cuando llegue el momento ya estará retirado Fernando Romano. En ese caso se abre otra especulación, pues el gobernador Francisco Pérez debería nombrar un juez de la Corte con la causa más importante a punto de resolverse. “A nadie se le ocurre que puedan nombrar a un juez sólo por conveniencia en una causa”, aseguró un jurista, tratando de espantar fantasmas y especulaciones sobre el tema.

Sólo pueden pedir que sea la Corte en pleno quien tome la decisión alguna de las partes de las causas, el procurador de la Corte, Rodolfo González, o el propio presidente de la Sala Segunda, es decir Herman Salvini, quien tiene también la atribución de decidir. “Generalmente se pide un plenario cuando no es clara la jurisprudencia, cuando hay dudas o un tema trasciende”, explicó un allegado al máximo Tribunal. La ley 7722 es una de las normas más sensibles de los últimos años y hay muchos intereses en juego. Por eso hay muchos que coinciden en que si la decisión es de la Corte en pleno. “Un pronunciamiento plenario sería la forma de lograr que, cualquiera fuera su resultado, la credibilidad pública, fuente de su legitimidad, no se vea atropellada”, opinó una fuente que conoce la causa de cerca.
Mientras tanto la presión recae sobre los tres integrantes de la Sala. Hay quienes ya sacan cuentas y especulan teniendo en cuenta el origen de cada uno de los integrantes de ese cuerpo. Allí Mario Adaro es uno de los más señalados por su reciente paso por el Gobierno y su pertenencia al oficialismo.  En el Gobierno hay actitudes contradictorias. Puertas afuera aseguran que respetarán la ley. Pero respetarla no es "militarla". Por eso también hay serias intenciones de modificarla, incluso de parte de algunos opositores a la minería porque aseguran que es “exageradamente restrictiva” más allá incluso del uso de sustancias.
Otros directamente piden que se anule. Ese grupo pone todas las fichas a que sea la Corte la que tome la decisión y cargue con los costos. Una de las alternativas sobre la que se especula es que la Corte acepte  el recurso parcialmente, es decir declarar inconstitucional una parte de la ley. Desde las organizaciones que se oponen a la minería a cielo abierto dicen "ver señales" que indican que podrían avanzar sobre la ley, mientras que hay empresarios, con vinculaciones políticas, que dicen que la 7722 "tiene sentencia de muerte".
 Aunque hay ansiedad para que se resuelva, otra fuente de la Corte aseguró que aún falta, pues se está produciendo prueba y los expedientes aún no llegan definidos a los despachos de los ministros. "Están interiorizándose de la causa, pero falta", explicó una fuente. Luego de agregar todos los elementos, las partes deben presentar sus alegatos. La Corte sortea quién será el Ministro relator y en 60 días hábiles a más tardar debe estar el fallo.


Los nuevos elementos
Las distintas partes siguen sumando elementos a las 10 causas gemelas. El último paso que dieron fue agregar el recorrido que tuvieron  leyes similares que se sancionaron en otras provincias. Las empresas mineras presentaron el caso de las provincias de La Rioja y Río Negro. En ambas, las Legislaturas habían sancionado leyes restringiendo la minería. Pero luego, por decisión política, las provincias dieron marcha atrás.
Adaro, Salvini y Böhm resolvieron “tener presente la ley 4738 de Río Negro y la ley 8355 de la Rioja cuya sanción denuncia la actora”. Se trata justamente de las normas que derogaron las leyes antimineras de esas provincias.
La ley 7722 fue sancionada en el año 2007 bajo fuertes protestas de organizaciones que se oponen a la minería a cielo abierto. En realidad fue una segunda instancia, luego de que Julio Cobos vetara otra ley en la que se prohibía la minería. El conflicto está dado porque la 7722 prohíbe "el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo" . Además, le agregó la necesidad de aprobación legislativa a todos los pasos que lleva el desarrollo de un proyecto minero.


El contraste de los defensores de la ley estuvo en la presentación de la ley 5001 de Chubut, que también restringe la minería a cielo abierto.
La defensa está basada en cuestiones legales y defensa de la potestad del Estado para legislar sobre sus recursos, pero también en los riesgos potenciales del usos de esas sustancias en la minería. Las empresas mineras aseguran que la ley es discriminatoria porque sólo se prohíbe el uso de esas sustancias en la minería. Además cuestionen la generalidad de la frase "otras sustancias". Y critican que todos los procesos requieran autorización legislativa, aunque en algunos casos no impliquen intervención de alto impacto sobre el terreno.
Sierra Pintada y una prohibición que no existe
El lobby para modificar la ley tiene como segundo escenario la Legislatura provincial, donde hay varias ideas dando vueltas. Uno de los argumentos que se usó es que por culpa de la ley 7722 no se pueden remediar los pasivos de Sierra Pintada, pues para hacerlo necesitan hacer el proceso de lixiviación usando algunas de las sustancias prohibidas. Sin embargo, los legisladores obviaron una resolución de la propia Cámara de Diputados donde aclararon que la ley no restringía el proceso de remediación.
La resolución 1282 sancionada en diciembre del 2007 le comunica claramente a la CNEA que no tienen excusas. “Dirigirse a las autoridades de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, a fin de comunicarles que el alcance de la prohibición establecida en el Art. 1º de la Ley 7722, sobre la utilización de sustancias químicas como el cianuro, mercurio ácido sulfúrico y otras sustancias toxicas similares, sólo alcanza en los casos de procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos, y en ningún caso la prohibición alcanza a la remediación de pasivos mineros”, establece la resolución. Renglón seguido, le piden que “proceda a remediar sin excusas ni demoras los pasivos de uranio de Sierra Pintada”.

http://www.mdzol.com/mdz/nota/391765-presion-sobre-los-jueces-de-la-corte-que-deben-decidir-el-futuro-de-la-ley-7722/


sábado, 9 de junio de 2012

Empresa que quiere extraer uranio en Malargüe perdió un poderoso inversor



Calypso Uranium se quedó sin el respaldo económico de Cameco, una de las productoras de ese mineral más importantes del mundo. No obstante, aseguran que la iniciativa sigue adelante.
07 de Junio de 2012




















































































































Por: Juan Carlos Albornoz juan.albornoz@elsol.com.ar
El proyecto para extraer uranio en Malargüe seguirá adelante, a pesar de que una de las empresas que desarrolla esta iniciativa perdió en los últimos días a uno de sus principales inversores extranjeros. Así lo indicó desde la Legislatura provincial el diputado justicialista José Muñoz, quien se comunicó con un directivo de la firma Energía Mineral SA para conocer qué ocurriría con el proyecto Huemul y obtuvo una noticia tranquilizadora. 

    Muñoz afirmó que el directivo consultado le aseguró la continuidad del proyecto, que implica una inversión de 10 millones de dólares en el departamento del Sur mendocino. En consecuencia, el diputado de Malargüe insistió en la sesión de ayer con el tratamiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de Huemul, que está cajoneada desde hace más de dos años en la Legislatura. 

PREOCUPACIÓN. Cameco, empresa canadiense que es una de las principales productoras de uranio del mundo, anunció oficialmente que se iba del país y sembró preocupación en Malargüe. Es que Cameco es socia de Calypso Uranium, la cual, a su vez, comparte con Energía Mineral SA el proyecto Huemul para la exploración de uranio en el Sur mendocino. 

    Incluso, el diario económico El Cronista sostuvo en su edición de ayer que la ida de Cameco (vinculada a la preocupación de la empresa por la expropiación de YPF) afectaba los proyectos de uranio en Mendoza, Chubut y Neuquén. Pero, al levantar el teléfono, el diputado Muñoz se enteró de que el panorama no era tan grave. Si bien Cameco es un fuerte inversor de Calypso (sustenta casi la mitad de sus proyectos), la fuente a la que accedió el legislador dijo que Huemul, por ahora, no corre peligro. 

PRESIÓN LEGISLATIVA. Muñoz aprovechó el contexto para tratar de apurar la aprobación de Huemul en la Legislatura. El diputado peronista pidió en la sesión de ayer que se le dé preferencia al tratamiento de la DIA del proyecto, que duerme en cajones de la Legislatura desde el 2009. 

    Este expediente tiene una historia de dilaciones. Después de pasar por la Comisión de Ambiente, la Declaración de Huemul fue a parar a la de Economía, donde su titular, el radical Alejandro Limas, está pidiendo una nota del propio gobernador Paco Pérez para reactivar el debate. El Poder Ejecutivo, no obstante, ya dio su opinión. De hecho, la DIA que ahora está en la Legislatura fue elaborada por el Gobierno durante la gestión de Celso Jaque. 

    En esa época se aprobó que Calypso y Energía Mineral exploren suelo malargüino en búsqueda de uranio. Pero la ley 7.722 (denominada "antiminera"), sancionada en el 2007, ordena que esa DIA tenga también ratificación legislativa. Este requisito y la resistencia del gobernador Paco Pérez a mostrar señales a favor de la minería (lo cual lo pondría en la mira de los ambientalistas) han condenado al proyecto al sueño perdurable en la Cámara de Diputados. 

    Muñoz es el encargado de sacar a Huemul del letargo o, por lo menos, intentarlo. Tiene para ello el respaldo e impulso del propio intendente de Malargüe, Juan Agulles, quien quiere manos libres para la minería en su departamento. El legislador sabe que el panorama político es complicado, por lo cual aclaró ayer que el Gobierno provincial "no tiene nada que ver" con su iniciativa para activar el negocio del uranio en Malargüe 

MAPA AMBIENTAL MINERO

MAPA AMBIENTAL MINERO