CHAU SAN JORGE!!!!!!!!

jueves, 30 de agosto de 2012

La UCR presiona a la Corte por la ley antiminera provincial



Senadores y diputados nacionales reclaman que los once planteos de inconstitucionalidad sean resueltos por un plenario del tribunal y no por una sola sala.



Pedro Lorente, titular de la Suprema Corte de Justicia.


El lunes pasado, los cinco legisladores nacionales que tiene la UCR mendocina se reunieron en el salón de audiencias de la Suprema Corte provincial con autoridades del Poder Judicial. ¿El motivo? Pedir oficialmente al máximo tribunal que resuelva en un plenario los 11 pedidos de inconstitucionalidad que pesan sobre la ley 7.722 que regula y restringe los métodos extractivos en la actividad minera (prohíbe, entre otras sustancias. el uso del cianuro en la megaminería a cielo abierto). El presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente, se comprometió a enviar el petitorio a la Sala II de la Suprema Corte, que debe expedirse sobre el caso.

Los radicales que asistieron al cuarto piso del Palacio Judicial son los senadores Ernesto Sanz y Laura Montero y los diputados Enrique Vaquié, Mariana Juri y Jorge Albarracín. La preocupación de la oposición mendocina, por el fallo que debe dar la Sala II, no es nueva.

Por eso hace un mes los cinco legisladores antes mencionados pidieron una audiencia al titular de la Suprema Corte; al de la sala en cuestión, Herman Salvini y al procurador general, Rodolfo González. Es que cualquiera de estos tres hombres puede resolver que sea el plenario de los siete jueces supremos los que decidan en el espinoso tema. El lunes sólo González y Llorente recibieron a los legisladores nacionales de la UCR. Salvini estuvo ausente.

Los radicales, que defienden la constitucionalidad de la ley que fue sancionada durante la gobernación de Julio Cobos, temen que sea sólo una sala de la Suprema Corte la que termine definiendo la cuestión de fondo y siente jurisprudencia para próximos pleitos planteados por los empresarios mineros.

Este temor estaría fundado en que los 11 planteos de inconstitucionalidad, formulados por diferentes empresas mineras, están todos acumulados en la Sala II (Penal y Laboral), ya que por su competencia específica, es la adecuada para resolver sobre este tema. Especialmente, si se estima que la Sala I atiende aspectos de Derecho Civil, Comercial y Administrativo.

Además de Salvini, la Sala II está conformada por Mario Adaro y Carlos Böhm. En rigor, la Corte no está obligada a que sea un plenario la que resuelva la constitucionalidad o no de la ley 7.722 ya que todos los expedientes los tiene una misma sala. Pero la doctrina del máximo tribunal prevé que cuando un tema tiene alta significación política, económica y social es menester que sean todos los jueces los que tomen posición. De hecho el año pasado, cuando Alejandro Pérez Hualde era el presidente del máximo tribunal, hizo público a sus colegas su intención de que el caso fuera resuelto a través de un plenario.

Durante los últimos años, ha crecido significativamente el número de asambleas de vecinos en contra de la megaminería. De hecho, hace casi una semana, la Asamblea Popular por el Agua, donde están incluidos ciudadanos del Gran Mendoza, pidió a través de una concentración que se declare la constitucionalidad de la 7.722. Lo mismo sucede en el Valle de Uco, donde además de los asambleístas, el intendente de San Carlos, Jorge Difonso (PD), ha pedido públicamente el plenario de la Suprema Corte y que la ley quede firme.

Consultado por este diario sobre la reunión del lunes, Llorente dijo a través de un vocero, que envió "el petitorio a la Sala II" para que tenga conocimiento del mismo. Como publicó este diario el pasado 13 de julio, la propia Suprema Corte tiene diferentes posiciones sobre si debe ser o no un plenario el que deberá resolver el tema.

En la oposición creen que los jueces que llegaron al máximo tribunal de la mano del peronismo, básicamente Adaro (quien era ministro de Gobierno de Celso Jaque) impulsan la inconstitucionalidad de la norma sumándose al argumento planteado por las mineras que sostienen que no se respeta la igualdad ante la ley ya que las sustancias prohibidas por la ley 7.722 para la metal-minería no están restringidas en otras actividades, como la vitivinicultura.
http://www.losandes.com.ar/notas/2012/8/30/presiona-corte-antiminera-provincial-663895.asp

sábado, 25 de agosto de 2012

Ambientalistas marcharon en defensa de la ley antiminera

Ambientalistas marcharon en defensa de la ley antiminera


Organizaciones ambientalistas de Mendoza marcharon hacia el Palacio de Justicia para pedir que la Suprema Corte de Justicia se manifieste a favor de la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias químicas en la minería a cielo abierto.
Unas 600 personas de diferentes agrupaciones de toda la provincia partieron desde el nudo vial de Vicente Zapata y Costanera, pasaron por la Legislatura hasta que finalmente llegaron a los Tribunales.
Hay que recordar que empresas mineras recurrieron a la Justicia para declarar la inconstitucionalidad de la ley "antiminera". Una decena de causas son analizadas por la Sala II de la Suprema Corte, integrada por Herman Salvini, Carlos Böhm y Mario Adaro.
Sin embargo, los ambientalistas pretenden que la decisión final sobre la polémica norma la tome el plenario de la Corte, es decir, todos los jueces máximos de la provincia.
A mediados de este mes, miembros de varias organizaciones entregaron en Tribunales una carpeta con las firmas de 36 mil personas que acompañan el reclamo para que la ley 7722 siga vigente.

viernes, 24 de agosto de 2012

Juicios por la ley 7722: ya presentaron los alegatos y podría definir el plenario de la Corte



Las causas en la que se debate la constitucionalidad de la ley 7722 entraron en la recta final. En una de ellas ya se presentaron los alegatos. Mientras, el Procurador de la Corte debe decidir si votará la Sala 2 o el plenario de la Suprema Corte. Cuáles son los argumentos y las implicancias de una decisión trascendente.



Las demandas iniciadas por las empresas mineras para declarar inconstitucional la ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería, entraron en la recta final para que haya una definición. Esas causas, 11 en total, están a punto de entrar en etapa de resolver. Y mientras tanto, se oficializó un pedido par que sea el plenario de la Corte quien decida sobre el futuro de la ley y no los tres jueces de la Sala 2.
Una de las empresas ya presentó su alegato final. Y esta semana hará lo propio la defensa, es decir el Estado, que tiene el rol de defender la legalidad de la norma. Así, se espera que antes de fin de año haya sentencia.
La causa más avanzada es la que inició la minera AgAuCu, que ya presentó sus argumentos finales. En realidad la resolución de las causas seguirán en cascada, pues son prácticamente idénticas.
Una vez que la Corte disponga que el expediente está en la etapa de resolver, tiene un plazo de 60 días para emitir un fallo. Antes tienen que determinar si mantendrán la decisión en el ámbito de la Sala 2 o si se amplía al plenario de la Corte, es decir que voten todos los miembros del tribunal.
Los demandantes
La causa más avanzada es la que inició la empresa AgAuCu. El nombre de fantasía de la firma se refiere a la “plata, oro y cobre”, los tres minerales más preciados. Se trata de una empresa que no hace minería, es decir que no produce minerales sino que se dedica a adquirir propiedades mineras y comercializarlas luego.
Por eso tiene una larga lista de propiedades en toda la provincia, como en Tupungato, con minas como “Nueva Fortuna”, donde quieren buscar cobre o el proyecto “Barroso”, en San Rafael, “Nueva Frontera”, en San Carlos y Tango, en Malargüe, entre otros. Según explica, se dedican a “la selección, evaluación, adquisición, promoción y comercialización de prospectos mineros”. El tutular de esa empresa es Raúl Ernesto Concina quien también aparece como demandante contra la ley 7722 en una de las 11 causas.
Los argumentos
Las demandas son 11, pero son idénticas. En general, los argumentos hacen pie en la supuesta violación a derechos constitucionales. Entre otras cosas aseguran que se rompió el principio de igualdad, porque la ley 7722 prohíbe el uso de determinadas sustancias sólo para la minería y no para otras actividades. Pero también se meten con los legisladores que sancionaron la norma, asegurando que actuaron con intenciones “confusas” y sin respaldo científico y técnico.
A último momento agregaron el caso San Jorge como parte de la causa para intentar mostrar cómo un proyecto que tenía aval ambiental (aunque con una larga lista de condicionamientos) fue rechazado políticamente por la Legislatura. Justamente ese es uno de los temas políticos que buscan derribar de la ley: la necesidad de la ratificación legislativa de los proyectos.
El alegato de la defensa de la ley, es decir del Estado mendocino, será presentado esta semana. En principio los abogados oficiales aseguran que la ley 7722 “no vulnera el orden constitucional” ni el principio de igualdad.
Pero además, las presentaciones de la defensa también trajeron a debate discusiones ambientales respecto a los impactos de la minería y también se metieron con temas legales. En ese sentido buscan derribar el argumento de “desigualdad” al que apelan los demandantes. Así, aseguran que la minería no es una actividad equiparable a otras debido a los impactos que tiene. Pero también se meten en temas legales al asegurar que la minería tampoco es igual que otras actividades en cuanto a los beneficios impositivos que tiene.
Los abogados oficiales sostienen la defensa de la ley, tal como es su rol, desde que se presentaron las demandas en 2007. Y lo hacen a pesar de que en el Gobierno la 7722 no es una norma bien vista: la respetan, pero no la comparten.
Quiénes definen
La sala 2 de la Corte tiene la causa. Está integrada por Mario Adaro, Carlos Böhm y Herman Salvini. Pero aumenta la presión para que el tema, debido a su trascendencia, sea votado por la Suprema Corte en pleno. Ya hay al menos una presentación en los expedientes para que eso ocurra. La OSC Oikos hizo ese pedido al procurador de la Corte, Rodolfo González y al presidente del cuerpo. Pero los defensores oficiales irían en el mismo sentido.
Los únicos que pueden tomar esa decisión son el Procurador y el presidente de la Sala actuante. Si toman ese camino, deberán votar todos los miembros de la Corte. Actualmente hay seis jueces en ese cuerpo, porque Fernando Romano dejó el cargo este mes.
La ley 7722 fue sancionada en 2007 bajo una fuerte presión. Primero había sido sancionada una norma aún más restrictiva, que el gobernador Julio Cobos vetó. La ley, que tiene plena vigencia actualmente, prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería y pone como requisito para la aprobación de los emprendimientos mineros la ratificación legislativa; tanto para la exploración como para la explotación. El primer proyecto minero que fue sometido a esa norma fue San Jorge (por el cual se buscaba extraer cobre), pero la Legislatura le bajó el pulgar.
Los ministros de la Corte aseguran que aún no analizan en detalle la causa porque esperan que se agreguen todos los elementos. De igual manera se especula con varias alternativas: la ratificación plena de la ley, la declaración de inconstitucionalidad o la anulación parcial de la ley, es decir declarar inconstitucional sólo algunos artículos de la norma.
Fuente: MDZ
http://www.estrella-verde.com/2012/08/juicios-por-la-ley-7722-ya-presentaron.html

domingo, 19 de agosto de 2012

A UN AÑO DEL CORTE EN MENDOZA

Hola cumpas Uaquerxs!

Hoy se cumple el 1° Aniversario del corte en la entrada a Mendoza, que se realizó para exigir a los legisladores el tratamiento y rechazo inmediato a San Jorge.
Acción política y social que generó junto a la advertencias de todo Valle de Uco y el Sur de volver a las rutas, un peso muy grande y miedo a perder las elecciones 
por ambos lados (UCR y PJ)... Por ello, se trató a la semana siguiente y se rechazó por unanimidad!

FELICITACIONES A TODXS LXS MENDOCINXS QUE ESTUVIERON APOYANDO LA LUCHA EN ESA EPOCA!

MENDOZA NO QUIERE MEGAMINERÍA!


Saludos
Fede Bloda

SAN JORGE 1.jpg

jueves, 16 de agosto de 2012

Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, en lucha permanente contra la megaminería


Agencia de Noticias Biodiversidadla
"Uspallata está muy movilizada y San Jorge está desaparecido, muerto. No vamos a permitir de ninguna forma que esta ley se caiga. A nosotros en la capital nos va a tocar la tarea más dura: exigirles a los jueces que respeten verdaderamente la voluntad del pueblo y salir a cortar las rutas para evitar que San Jorge traiga toda su maquinaria y comience la explotación. Uspallata es un pueblo muy pequeño y movilizado."
San Jorge, primer aniversario del traspié



El 7 de agosto, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMpAP) fijan para el día 24 (18:00) la fecha de una movilización hacia la capital de la provincia cordillerana; ésta incluye la marcha hacia el Parlamento y la concentración de grupos ambientalistas frente al Palacio de Justicia para conmemorar el primer aniversario de la caída del proyecto cuprífero San Jorge en la cámara de representantes y en defensa de la Ley 7722, promulgada el 22 de junio de 2007 y que prohíbe el uso de sustancias químicas tóxicas en los procesos mineros metalíferos.

Entrevista con Federico Blonda (20), miembro de la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza.*

P: La operadora de San Jorge, Coro Mining Corp., informó que como en su versión actualizada de proyecto (véase Coro anuncia la revisión de San Jorge) el procesamiento del mineral no tendrá lugar en Uspallata, sino en una planta ubicada a 22 km, en la provincia de San Juan, no podría acusarse a la empresa de romper el primer artículo de la 7722, ya que ninguna de las sustancias químicas prohibidas se emplearían en Mendoza. ¿Sospechan que en San Juan Coro también tropezará con una inesperada resistencia por parte de la población?



R: La lucha en San Juan está siendo corrompida por el Gobierno. Va a costar demasiado que la capital o los sectores del Gran San Juan se movilicen, pero, sin duda, creemos que podemos contar con el apoyo de los pueblos aledaños a estos proyectos. Vamos a tratar de informarlos, sobre todo de lo que es la gran minería y de lo que les va a tocar: prácticamente los estarían usando de basurero.

P: Su director ejecutivo aclaró que San Jorge se localiza aproximadamente a 2600 m s. n. m. y no en los altos Andes; en consecuencia, tampoco sería alcanzado por la legislación diseñada para proteger los glaciares del país.



R: En realidad, no se ha expuesto todavía el proyecto actual. Evidentemente, quieren evitar por todos los medios posibles la plena vigencia de la 7722, y por eso se van a San Juan. Más allá de que no se estén afectando directamente los glaciares, se afectan las cuencas subterráneas. Si bien no está hecho el estudio de glaciares en la provincia de San Juan, y en la provincia de Mendoza aún no se termina, la afectación siempre se da: aunque no sea en los glaciares, será en la flora o la fauna, e inclusive en la población cercana de Uspallata. Por más pretextos que vayan a poner, se pueden generar otros impactos, y ellos ocultan esa parte.

P: Dentro de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) —una entente a la que se adhirieron las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz— solo dos de sus miembros aún conservan normas que restringen o prohíben la actividad extractiva: Mendoza y Chubut. El Gobierno de esta última impulsa un proyecto de regulación de la actividad con el fin de asegurar el aprovechamiento de los recursos mineros teniendo en cuenta su uso racional y la justa captación de la renta que genera.



R: En Mendoza, por todos los medios, están tratando de bajar la Ley 7722: hay once pedidos de inconstitucionalidad en la Corte Suprema. Con respecto a Chubut, evidentemente a la ley no la van a poder bajar, porque la gente está muy concientizada y movilizada. Están tratando de implementar un modelo saqueador en una sociedad muy informada. La población de Chubut no lo va a permitir porque está muy firme en lo que piensa. Sin duda, van a tratar de explotar cerros y montañas enteras. Por más que quieran seguir el modelo nacional, Mendoza y Chubut son dos provincias que están informadas, y eso es lo que no va a permitir que el avance extractivo se generalice en las dos provincias.

P: Coro, a su vez, espera para la segunda mitad del año el fallo de la Corte mendocina sobre la constitucionalidad de la Ley 7722, que sometió a San Jorge a la aprobación del parlamento. ¿Imaginan cuál es la suerte que le espera a la ley en el curso de los días siguientes?



R: Creemos que los jueces tienen mucho miedo de que se conozcan sus caras... Ellos son elegidos por el poder político, y no por la gente. Está peleado: los tres jueces que tienen en sus manos los pedidos de inconstitucionalidad obedecen al modelo nacional que plantea el Gobierno. Por eso exigimos que sea toda la Corte la que se expida. Tenemos miedo... Uno de los jueces está muy asociado a lo que son las explotaciones mineras, y nosotros tratamos de que él se ponga a un costado de todo esto. Está bueno que la gente se informe acerca de los intereses económicos y políticos que tienen sobre la ley.

P: Entre tanto, el 6 de agosto, el Gobierno mendocino comunicó que en Potasio Río Colorado (PRC) —cuya futura producción se estima en 4,3 millones de toneladas de sal de potasio por año— se encuentran trabajando unos 3500 mendocinos y que el dinero ya invertido por Vale en la provincia supera los 1100 millones de dólares.

R: Tenemos dudas respecto a la cantidad de gente que trabaja. La prensa dice un número, el Gobierno, otro... Van cambiando a diario la cantidad: suben a 5000, bajan a 3000, y ahí se nota la gran mentira. Tal vez en la construcción sí esté trabajando esa cantidad de gente, pero luego no se sostendrá ese número. ¿Para qué se está invirtiendo?, ¿habrán hecho una ampliación sin ser aprobada? El Gobierno nacional ha obviado a la provincia de La Pampa, que también se verá impactada. Nos estamos uniendo en cinco provincias afectadas para darle pelea a este proyecto trasnacional que ya comenzó a construirse.

P: Sobre el proyecto emplazado en el extremo meridional de Mendoza, el 19 de julio la Presidenta se dirigió con estas palabras: “Es hoy creo el emprendimiento minero más grande del mundo en materia de potasio, uno de los tres nutrientes fundamentales para la agricultura, o sea, para la comida. Y como muchísima gente ha adquirido la sana costumbre de comer todos los días, gracias a la incorporación de millones que estaban excluidos, se convierte prácticamente en un proyecto estratégico”.



R: Cuando algo es estratégico, el país se pone a sus pies. Este recurso es estratégico para seguir talando el Amazonas, para implementar la soja. Estos nutrientes no se necesitan en Argentina, sino en otros países que no tienen suelos fértiles. Está jugando con la necesidad de todos; es un discurso para confundir a la gente. Potasio Río Colorado es un proyecto al que nos oponemos por su gran magnitud, por toda la contaminación que va a generar y porque demuestra el extractivismo en América Latina. Comida para hoy, hambre para mañana.

P: Anunciaron que no permitirán que la Ley 7722 sea modificada o declarada inconstitucional. ¿Es Uspallata —localidad ubicada 45 km al sur de donde se ubica la cantera de la que Coro extraería en teoría 25.000 t anuales de cobre— el último bastión para obstaculizar con éxito la expansión de la minería en Mendoza? La pérdida de la norma dejaría el camino expedito a muchos otros emprendimientos en la provincia...



R: Uspallata está muy movilizada y San Jorge está desaparecido, muerto. No vamos permitir de ninguna forma que esta ley se caiga. Vamos a tomar medidas extremas nunca antes adoptadas... La idea es movilizar todo el sur y centro de Mendoza. A nosotros en la capital nos va a tocar la tarea más dura: exigirles a los jueces que respeten verdaderamente la voluntad del pueblo y salir a cortar las rutas para evitar que San Jorge traiga toda su maquinaria y comience la explotación. Uspallata es un pueblo muy pequeño y movilizado, pero no creo que sea un bastión, toda la provincia lo es. Las asambleas sostenemos un mismo discurso, no chocamos y tenemos una lucha que busca lo mismo.

* Por el Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN) en alianza con Acción por la Biodiversidad.

miércoles, 15 de agosto de 2012

Juntaron 35 mil firmas para defender la Ley contra la minería contaminante


Las presentaron en el Poder Judicial. La acción forma parte de las medidas que se tomarán para que la norma 7722 siga vigente y que los jueces de la Suprema Corte ratifiquen su constitucionalidad.

Juntaron 35 mil firmas para defender la Ley contra la minería contaminante
Representantes de la Asamblea Popular por el Agua Pura de toda la provincia junto con miembros de la coordinadora Por el Agua y los Bienes Comunes entregaron hoy 35 mil firmas ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para solicitar que la ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias químicas en la minería a cielo abierto, siga vigente y que los jueces ratifiquen la constitucionalidad de la norma frente al pedido de un grupo de empresas mineras que iniciaron acciones judiciales para que sea considerada ilegal. 

Se trata de 10 causas que están en manos de la Sala II de la Suprema Corte de Justicia, integrada por Mario Adaro, Herman Salvini y Carlos Böhm. Sin embargo, el debate aún sigue abierto, ya que algunos de sus miembros opinan que la decisión final sobre el futuro de la ley antiminera debería tomarla el plenario, o sea todos, tal como vienen pidiendo públicamente los sectores ambientalistas. 

Frente a este escenario y como parte de las medidas que llevan adelante los ambientalistas, integrantes de diferentes organizaciones de toda la provincia y mendocinos se reunieron en la explanada del Poder Judicial para entregar por mesa de entrada una carpeta con miles de firmas certificadas por escribanos públicos que se juntaron durante julio. 

“Se trata de la primera entrega. Una vez creado el expediente iremos sumando el resto de las firmas recolectadas en todos los departamentos. Lo mismo haremos en Casa de Gobierno y en la Legislatura. Es una forma más que tiene el pueblo de solicitar que en Mendoza siga vigente la ley 7722 y que no se permita la instalación del modelo megaminero nacional”, sostuvo Federico Blonda, integrante de la Asamblea Popular por el Agua Pura del Gran Mendoza. 

A su vez, Milka Vargas, titular de la Coordinadora indicó que: “Estamos pidiendo que se mantenga la constitucionalidad de la ley 7722, que protege los recursos hídricos en la provincia, frente a los once pedidos de inconstitucionalidad que hay por parte de las mineras y de algunos organismos del Gobierno. Pedimos que no se modifique porque está protegiendo el agua y prohibiendo el cianuro, el ácido sulfúrico, que son algunas de las sustancias que usan las empresas para hacer sus trabajos y contaminar”. 

Mientras tanto el sector prepara una nueva marcha para el 24 de agosto a las 18, que arrancará en el nudo vial de Vicente Zapata y Costanera. “Vamos a seguir recolectando firmas y a adherir también las firmas de los menores de 18 años, ya que puede ejercer su derecho ciudadano, de las escuelas, instituciones y hospitales. Buscamos que se declare la plena vigencia de la ley que no sea defendida sólo por tres jueces –que tienen intereses políticos y económicos- sino por toda la Suprema Corte”, aclaró Blonda.

Notas por expediente VALE, Potasio Río Colorado


Compartimos con ustedes la nueva nota presentada en la Sec. de Minería y la Dirección de Protección Ambiental para pedir la información correspondiente al expediente de la explotación Potasio Río Colorado, en manos de la Minera VALE.

También contamos que ya no somos bien recibido en dichos lugares, anteriormente se nos intentó no dejar pasar en la Sec. de Minería, y hoy, el Ingeniero Garcia del área Control Minero (en la Dirección de Protección Ambiental) agredió verbalmente a un compañero, ridiculizándolo y no brindo respuesta a la nota expuesta con respecto a San Jorge.
Ya quedo asentado la incompetencia de este funcionario para la atención al público en el Acta de quejas.

(Entre nos cuento que me mando a la mierda, me dijo que eramos ciudadanos cuando nos convenía y me considero de NO capacitado, o sea, que no se nada sobre los procesos de la minería)... 5 segundos más y me transformaba... se agradece a su compañero de trabajo que me saco de la oficina para explicarme afuera, los pasos a seguir.


MENDOZA YA DECIDIÓ. MEGAMINERÍA NO!
FUNCIONARIOS CORRUPTOS, FUERA DE SUS CARGOS.




sábado, 11 de agosto de 2012

Mendoza será este fin de semana el centro de reunión de los gobernadores K



Están la mayoría invitados a participar de unas jornadas organizadas por Gestar, el instituto que busca formar nuevos cuadros en el justicialismo y que cuenta con el apoyo de Juan Carlos Mazzón.
06 de Agosto de 2012

Mendoza será este fin de semana el centro de reunión de los gobernadores KAmpliar foto
Por: El Sol Online

Los gobernadores José Luis Gioja (San Juan), Juan Manuel Urtubey (Salta), Lucía Corpacci (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Luis Beder Herrera (La Rioja) y el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Abal Medina, estarán el fin de semana en Mendoza para participar en la Jornada Nacional de Gestar, el instituto de estudios y formación política del Consejo Nacional del Partido Justicialista que tiene el padrinazgo del Chueco Juan Carlos Mazzón.

Si bien se trata de actividades que tendrán que ver con foros de debate sobre diversos temas, lo concreto es que la provincia se convertirá en el polo de la discusión justicialista; especialmente, por la dimensión de los invitados.

A los mandatarios se sumarán el director de la Anses, Diego Bossio, el diputado nacional Eric Calcagno y Alejandro Tullio, director Nacional Electoral.

Francisco Pérez, además de oficiar de anfitrión, tendrá la posibilidad de instalar, fuera de la agenda de las jornadas, asuntos que vinculan a la mayoría de las provincias participantes, desde el manejo de los recursos petroleros –más allá de la reunión que mantendrá hoy con la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) y el ministro de Planificación Julio de Vido– hasta el futuro del conflicto generado por la Promoción Industrial y buscar puntos en común para ver cuál es la mejor manera de financiar las economías provinciales. 

jueves, 9 de agosto de 2012

San Jorge busca sacar cobre de Uspallata y procesarlo en San Juan con ácido sulfúrico

De esta manera rompería el impedimento del uso de ese químico, que está prohibido por la Ley 7.722 que regula la actividad minera en Mendoza. La Dirección de Minería confirmó que recibió el nuevo proyecto de la empresa y anticipó que se “está estudiando”.



FOTO: ARCHIVO DIARIO UNO
Por Luciana Morán
La minera San Jorge SA presentó el lunes ante la Dirección de Minería de la provincia una “actualización” del proyecto que había sido rechazado por los legisladores locales el 24 de agosto de 2011, cuando el entonces candidato y actual gobernador Francisco Pérez pidió que se bochara la declaración de impacto ambiental.
Desde la Dirección de Minería confirmaron que las modificaciones habían ingresado al organismo y que “están estudiando” el documento.
En tanto, el secretario de Ambiente, Marcos Zandomeni, dijo a Diario UNO que “nos estamos tomando 30 días para analizar los pasos a seguir con el planteo de ese proyecto porque hay que ver desde lo legal qué se necesita para cumplir con la normativa”.
Las modificaciones
La canadiense Coro Mining Corp –en Mendoza lleva el nombre de Minera San Jorge SA– publicó el 30 de julio último en su web esta novedad, en la que planea realizar la extracción y procesamiento del cobre de Uspallata en conjunto con San Juan y ese mismo día llevó el documento a Minería.
Las “actualizaciones”, como las llama la empresa, incluyen sacar la materia prima de Mendoza y procesarla en una planta en San Juan “para la producción de hasta 25.000 toneladas anuales de cobre (...) Las regalías aplicables se pagarán a la provincia de Mendoza”, aclara la empresa.
Otro de los cambios es poner en funcionamiento una línea de ferrocarril para transportar el mineral desde la cantera de San Jorge en Uspallata hasta la planta ubicada en San Juan.
El proceso se centra ahora sólo en la extracción de cobre y no de oro, como estaba planteado en el proyecto inicial, que fue rechazado el año pasado.
La empresa asegura que los aspectos de la declaración de impacto ambiental (DIA) aprobada por el gobierno de Celso Jaque pero rechazada por la Legislatura “no se han modificado y se mantendrá en suspenso hasta el momento en que el proyecto sea capaz de continuar”.
Asimismo, la minera asegura que “confía en que el proyecto de lixiviación puede ser ejecutado de una manera ambientalmente responsable para el beneficio económico y social duradero de las provincias de Mendoza y San Juan. Además, tiene el potencial de más de satisfacer el consumo actual de la Argentina de cobre, y por lo tanto podría ser desarrollado de acuerdo con la política del país de reducir las importaciones”.
Más que una modificación
Paula Ferreira, vocera de la Asamblea Popular por el Agua, aseguró que los ambientalistas consideran que “esto es un proyecto nuevo” pero que “la minera lo ha presentado como una actualización para no pasar todo el proceso de evaluación previa que requiere y así mantener lo que el Ejecutivo les aprobó antes, lo mismo que luego rechazó la Legislatura”.
En el mismo sentido se manifestó Marcelo Giraud, quien integró la comisión que evaluó el proyecto inicial: “Si pretenden una aprobación que presenten un proyecto nuevo porque el anterior fue rechazado y que se haga una evaluación ambiental desde cero, porque es muy distinto lo que presentan ahora”.
Esperan que se ratifique la ley
El proyecto inicial de San Jorge fue rechazado en plena vigencia de la Ley 7.722, que contempla, entre otros puntos, que debe haber una ratificación legislativa de un proyecto y no sólo su aprobación por parte del Ejecutivo.
Esta norma destinada a preservar los recursos hídricos del uso de sustancias tóxicas (como cianuro, ácido sulfúrico y mercurio) en la actividad minera metalífera fue aprobada en junio de 2007.
Desde entonces, numerosas empresas del rubro presentaron reclamos de inconstitucionalidad contra la norma. En el Poder Judicial está hoy la decisión de dar lugar a estos reclamos.
Por ello, los ambientalistas preparan acciones este mes en defensa de la plena vigencia de la ley.
“La lucha más importante es ratificar la constitucionalidad de la Ley 7.722. Por eso queremos unir la celebración del rechazo del proyecto San Jorge –el 24 de agosto del año pasado– con un reclamo por la ratificación de la ley. En vistas a esto, haremos una marcha desde Vicente Zapata y Costanera hasta el Poder Judicial el 24 de este mes (…) Queremos hacer toda la presión posible porque todos los mendocinos quieren la vigencia de esa ley”, afirmó Ferreira.

domingo, 5 de agosto de 2012

Difonso se reunió con el intendente de Famatina y afirmaron su rechazo a la minería contaminante




Difonso y Bordagaray, unidos por la defensa del ambiente.
 
El intendente sancarlino se reunió con Ismael Bordagaray en su departamento y firmaron un acuerdo de defensa del escenario ambiental de los pueblos cordilleranos. Recalcaron su oposición a la actividad minera y pugnaron por el fortalecimiento entre el pueblo y el Gobierno.
El intendente riojano de Famatina, Ismael Bordagaray, visitó el departamento de San Carlos para firmar un convenio referido a los recursos naturales con el intendente Jorge Difonso, que logre formalizar y generar un espacio de trabajo con los pueblos cordilleranos en defensa del agua y contra la minería contaminante. 

Bordagaray pisó suelo sancarlino en devolución de la visita que el intendente mendocino realizó a Famatina en abril, con motivo del aniversario de la ciudad.

El objetivo de la reunión de los intendentes fue establecer un puntapié para generar un debate en el escenario ambiental que corresponde y que se establezca como uno de los puntos a debatir por nuestros gobernantes. 

Pusieron firmeza en la defensa ambiental que se esta llevando a cabo tanto en Famatina como en la Rioja, donde el pueblo y el Gobierno deben estar unidos. 

Bordagaray relató como son perseguidos los asambleistas ambientales, tanto por el Gobierno como por las corporaciones. Aseguró que su pueblo no recibe la coparticipación de la provincia de La Rioja y que el municipio se sustenta con la ayuda de los vecinos, porque desde diciembre no reciben subsidios. 

Se firmo una carta-acuerdo para la promoción y protección de los pueblos cordilleranos del este argentino y uno de los puntos que trata es la protección del ecosistema andino, los glaciares, ríos y acuíferos que alberga, que son una preocupación común para todos los codilleranos.

Se comprometieron a cuidar la tierra y preservar la diversidad de la vida y exigir poner fin a la descarga de sustancias toxicas que realiza la megaminería a cielo abierto, que causa daños irreparables a los ecosistemas cordilleranos. 

En otro de los puntos se comprometieron a desarrollar la vigilancia y el control social, fortaleciendo de las capacidades y la protección de los protagonistas comprometidos de la sociedad civil que aspiran a la defensa y la promoción del derecho del agua.

Crean ONG ambientalista pro minería



Se llama Crisol y sus responsables defienden la extracción de minerales a cielo abierto. El lunes pidieron modificar la ley que prohíbe el uso de cianuro, como propone el proyecto San Jorge en Uspallata. Fuertes críticas y rechazos de los ambientalistas antimineros.




Polémica en puerta... En medio de un intenso e incansable debate social y ambiental que tiene a la minería como eje central en Mendoza (con sus defensores y detractores), irrumpió en escena la ONG Crisol, autodenominada como un grupo de “ambientalistas a favor de la minería”.

Con más de 15 años juntos como organización abocada a dar ayuda social -aunque hace sólo unos días se pronunciaron como promineros-, Rafael Valverde (55), Viviana Arancibia (47) y David Arce (48) son ahora noticia.

El lunes se presentaron en el palacio judicial, en la Casa de Gobierno y en la Legislatura con una nota firmada por ellos y otras 300 personas (según contó Valverde) solicitando que se “revea y modifique la ley 7.722 (que prohíbe el uso de sustancias tóxicas que contaminen el agua en la minería)” al considerar que la contaminación que deja el cianuro en el agua que pretende utilizar la empresa San Jorge en Uspallata “es mínima y no afecta a la salud”.

Desde la Asamblea Popular por el Agua, en tanto, consideraron que los argumentos esgrimidos por esta nueva ONG “no tienen nada de ambientalistas”, al tiempo que consideraron “contradictorio” que se autoproclamen como preocupados y defensores del medio ambiente si defienden el uso de cianuro en los emprendimientos.

“Ni siquiera buscan una minería alternativa. Directamente defienden la que contamina”, sostuvo Federico Blonda, vocero de la Asamblea Popular por el Agua.

De anti a pro minero
Rafael Valverde tiene 55 años. Es ingeniero químico egresado de la UTN y vive en Las Heras. Preside Crisol secundado por Viviana Arancibia (48), cosmetóloga, y David Arce (48), quien actualmente se encuentra desempleado.

“Desde hace mucho tiempo venimos trabajando. En 1997 empezamos por temas políticos y sociales. Yo soy muy conocido en Las Heras y trabajamos en villas y en comedores y hogarcitos. Pero desde hace un tiempo empezamos a militar como ambientalistas pro mineros”. explicó Valverde.

El presidente de Crisol admite haber sido antiminero al principio. “Pero después me empecé a interiorizar, primero con la situación en San Juan y después con San Jorge. Fuimos varias veces a Uspallata y me di cuenta de que mi posición antiminera era desde el desconocimiento, la falta de información. Y es lo mismo que le pasa ahora a la gente”, acusó Valverde.

Uno de los argumentos más controvertidos de la ONG es el que tiene que ver con la defensa no sólo de la minería, sino incluso del uso de cianuro en el proyecto San Jorge (que aún intenta instalarse en Uspallata).

“San Jorge tiene agua propia y no llega al río. También estuve estudiando sobre la utilización de cianuro y 95% del agua usada en minería se recupera. Sólo queda algo de cianuro en los residuos, en el lodo. Es tratable”, consideró.

Sobre la ley “de defensa del agua” (como se ha bautizado a la 7.722), Valverde también vertió sus críticas. “No es como sostienen los antimineros tampoco. Porque la 7.722 es discriminatoria con la minería metalífera. Por ejemplo, YPF y la explotación de minerales también utilizan esas sustancias. La Destilería usa ácido sulfúrico y, por su localización hay riesgo de que llegue al río Mendoza. Ese mismo material que está permitido en petróleo está prohibido por la 7.722”, se defendió Valverde.

Además, tanto él como sus compañeros ven en proyectos como San Jorge una solución a los problemas de coyuntura. “Tenemos los recursos. Lo que más nos interesa es que San Jorge ofrece 8.000 puestos de trabajo y en Malargüe, Vale ha dado 5.000. Nosotros somos gente humilde, que tenemos nuestros principios y no hay nadie detrás nuestro. Sí hemos estado en contacto con la gente de San Jorge y la Cámara de Minería, pero para informarnos”, agregó.
Además, Valverde indicó que consideran que hay que rever el código minero, ya que es muy bajo que el Gobierno se quede sólo con 3% de regalías.

“Quieren generar impacto”
Las críticas a esta agrupación no se hicieron esperar. Y desde la Asamblea Popular por el Agua salieron a refutar sus argumentos.

“No tienen ningún argumento ambientalista. Ya no estamos hablando de estar a favor o en contra de la minería, sino que ellos (por Crisol) defienden una minería con cianuro. Eso ya es imposible de considerar ambientalista”, destacó Federico Blonda, vocero de una de las asambleas que más presencia ha tenido en las convocatorias para rechazar los emprendimientos megamineros, así como también para defender la ley 7.722.

“Es imposible que digan que antes han sido antimineros y ya no lo son más. Si alguna vez hubiese sido antiminero en serio, jamás se hubiese movido de ese lugar porque entendería todo lo que trae el cianuro”, denunció el joven en alusión a Valverde, además de insistir en que es “contradictorio” que se autodenominen ambientalistas. “Se denominan así para generar impacto”, resaltó.

Además, Blonda insistió en que Crisol defiende precisamente uno de los aspectos que las asambleas y pueblos autoconvocados resisten: la utilización de sustancias tóxicas.
“Nosotros estamos en contra de tres aspectos fundamentales. Primero, la megaminería en todas sus expresiones ya que consume grandes cantidades de energía; de la minería de uranio, que utiliza ácido sulfúrico; y de todo tipo de minería contaminante”, reforzó.

El vocero de la Asamblea también fue más allá al destacar que “habría que ver de dónde sacan dinero para financiarse”, apuntando a la posibilidad de que las propias empresas mineras estén detrás de la ONG.

Por otra parte, Blonda destacó que durante ayer presentaron al Gobierno un petitorio para que en los próximos 15 días se les informe sobre la actualización que presentó San Jorge para intentar que se le dé luz verde a su proyecto.

“Queremos estudiar qué propone y analizarlo. Creemos que es irreal la información que difundió la empresa en el comunicado (sobre la posibilidad de tratar en San Juan lo que se extraiga de Uspallata), porque además debería contar con el aval del Ejecutivo y el proyecto ya fue rechazado por éste”, insistió Blonda.

El 24 de agosto las distintas asambleas autoconvocadas y vecinos que rechazan la megaminería a cielo abierto se concentrarán a las 18 en el nudo vial de Vicente Zapata y Costanera y marcharán hasta la Legislatura y el Poder Judicial en defensa de la ley 7.722 y repudiando el proyecto San Jorge.
http://www.losandes.com.ar/notas/2012/8/4/crean-ambientalista-mineria-658722.asp

Mendoza, San Joge quiere volver

Hola cumpas, debido a la nueva presentación del proyecto megaminero San Jorge en el valle de uspalata.
Pedimos oficialmente que se nos brinde la información!
Les paso las notas ya recibidas por la Sec. de Minería y la Dirección de Protección Ambiental.

#FueraSanJorge




jueves, 2 de agosto de 2012

Mendoza sale a las calles en defensa de la 7.722 y contra SAN JORGE

Cumpas le mando el evento creado en face (aun no hacemos cadenas de mails)
para la marcha en el aniversario del rechazo y archivado del proyecto
megaminero San Jorge. El cual se volvio a presentar intentando una vez más, 
violar la ley!
Estamos tratando de conseguir la "actualización" y comenzar a estudiarla.

Sin dudas volveremos a las calles y más fuertes que nunca
SAN JORGE NO TIENE LICENCIA SOCIAL!

Para que sepan como se presentó esta vez el proyecto les paso el comunicado informativo que sacamos
hace tiempo con Uspallata y San Juan:


Saludos
Fede

9no Encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular - Mendoza 2012


Imágenes integradas 1
Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
31 de julio de 2012 


9no Encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular - Mendoza 2012 

logoweb.png

Los días 19 y 18 de agosto se realizará el 9° Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular en la localidad de Guaymallén, Mendoza, organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos.

MENDOZA, 18 y 19 de agosto de 2012
Para participar del 9vo Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular, escribí a 9encuentro@rnma.org.ar
Más información y contactos en (0261) 155341962 (Noticiero Popular Mendoza)/ (0261)155401317 (GiraMundo TV -Mendoza)
9encuentro@rnma.org.ar  - www.rnma.org.ar/encuentro

Desde el 2004 nos encontramos para debatir, compartir experiencias y seguir caminando juntxs el camino para la construcción de otra comunicación.  Este año, bajo el lema Construyamos otra comunicación, Multipliquemos las voces  proponemos debatir sobre la comunicación alternativa, comunitaria y popular, desde una mirada puesta en el contexto actual. Además de compartir talleres prácticos y de debate.

Desde la Red Nacional de Medios Alternativos, convocamos a estudiantes, trabajadorxs, a vecinxs, organizaciones sociales, colectivos y medios de comunicación  y a todas aquellas personas que quieran a participar de este encuentro hagan o no comunicación. ¿el objetivo? Seguir ejerciendo nuestro derecho a comunicar y comunicarnos.

Esperamos que este encuentro sea un espacio de amplia participación y rico en discusiones, en el que podamos intercambiar análisis políticos, prácticas y herramientas comunicacionales en diferentes soportes.

El mismo se llevará adelante los días 18 y 19 de agosto en  la Casita Colectiva y escuelas aledañas en San José, departamento de Guaymallén. Estos dos días contarán con diferentes paneles de discusión y talleres donde compartir experiencias y abrir perspectivas sobre las prácticas de televisión, radio, gráfica y de la organización colectiva en general.
Spot del Encuentro  Descargar


DESDE BUENOS AIRES SALDRAN MICROS
EL DÍA 17 DE AGOSTO A LAS 19,30 DESDE EL CID, ANGEL GALLARDO 752 C.A.B.A
Se puede reservar los pasajes a 9encuentro@rnma.org.ar abonando el total del pasaje hasta el día 30 de julio.
MENDOZA, 18 y 19 de agosto de 2012

9º encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular


Difundí el encuentro de la Comunicación CAP
Comparti esta información y ayudanos a mutiplicar nuestras voces : 9no Encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular - Mendoza 2012

También puede compartir el enlace debajo por correo electrónico o en su página web.
http://www.rnma.org.ar/encuentro/index.php?option=com_civicrm&task=civicrm/event/info&Itemid=107&id=1&reset=1


9Encuentro


email-difusionweb.png

-------------------------------------------------------
Comisión Prensa y Comunicación
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas
Imágenes integradas 1
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas
Contra el Saqueo y la Contaminación

domingo, 29 de julio de 2012

Petróleo sangriento en Mendoza


Mendoza: Paco Pérez renovó hasta el 2027 la licitación de explotaciones petroleras a Chañares Herrados, una firma cuyos directivos fueron condenados por delitos de lesa humanidad.
Se llama Luis Alfredo ‘Freddy’ Zarattini. Es el vicepresidente y actual titular de la empresa Chañares Herrados y está acusado del asalto al Policlínico Bancario cuando era miembro del grupo Tacuara, imputado en el asesinato del General del Ejército chileno Carlos Prats  durante su exilio en Buenos Aires y de haber participado en las guerrillas de la derecha centroamericana. Junto a Héctor Corrés (apoderado y abogado de la firma), condenado y luego amnistiado por delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar; se alzaron con la prórroga de la concesión de explotación petrolera en la provincia de Mendoza hasta el año 2027.
La extensión de los permisos de explotación fue firmada hace casi un año, pero hasta el momento, nunca había trascendido quiénes eran las caras detrás de Chañares Herrados. La política de Derechos Humanos, una de las banderas del kirchnerismo, fue y es respaldada, al menos públicamente, por quien en ese entonces puso la firma a los acuerdos, siendo ministro de Infraestructura y ahora, actual gobernador de Mendoza, Francisco Paco Pérez. Tal vez, eso explique la extensión de un manto de sombra sobre el pasado de estos empresarios. Fue el segundo contrato renegociado, luego del suscripto con YPF.
“No sólo no están presos, hacen negocios”, comentó indignado una fuente a Plazademayo.com, que por temor reserva su identidad. El temor, es entendible, dos compañeros suyos viajaron a Uruguay, siguiendo una supuesta pista para profundizar aún más la investigación. Hasta el momento, se desconoce su paradero. Justamente, la indignación, es la sensación imperante al saber que, la licencia para las explotaciones petroleras, seguirá en pie. La cúpula de la empresa pertenece a una banda de represores que actuaron durante la última dictadura militar. Héctor Lapeyrade, que era el presidente hasta que falleció de un ataque al corazón, fue procesado por encubrimiento agravado por ayudar a profugarse al teniente Julián “El Laucha” Corres -quien también murió-, imputado en crímenes de lesa humanidad y procesado por torturador. Y ‘Freddy’ Zarattini, uno de los firmantes del acuerdo con Paco Pérez, formó parte de la Alianza Nacionalista en los 70, estuvo al servicio del Batallón 601 durante la dictadura, imputado en el asesinato de general Prats y además fue candidato en el 2001 para el partido de Seineldín.
En tanto, Héctor Corrés es apoderado de la firma y además abogado de la misma, fue procesado por el asesinato de la estudiante y activista marplatense Silvia Filler y por este delito, podría volver a ser juzgado en caso de que se lo caratule como de Lesa Humanidad según pudo saber este medio. Corrés siempre se llevó bien con la impunidad y, hasta hace poco, fue también asesor del Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) aunque, luego de una investigación, fue separado del cargo, sobre todo por la presión estudiantil.
Muy lejos de ese pasado tortuoso, a solo 60 kilómetros de la capital de la provincia, en Tupungato, Chañares Herrados había logrado en el 2007 reactivar el único pozo surgente de petróleo existente hasta ese momento en la provincia, con un nivel de producción actual de 1.000 barriles diarios. Allí, los directivos anunciaron que perforarían al menos 60 pozos más con un ritmo mensual de inversión de 5 millones de dólares.
Pese a la promesa, el juez de Instrucción Fernando Ugarte, de Tunuyán, después de 3 años, decidió procesar a la cúpula directiva de Chañares Herrados, que explota el yacimiento del mismo nombre y el de Pozo Seco, uno de los más productivos de la cuenca hidrocarburífera, por contaminación en la zona de Anchoris, en Luján, cerca del límite con Tupungato. Los responsables para el juez fueron: Héctor Basilio Lapeyrade (apuntado como “autor mediato” del ilícito) y dos accionistas más sindicados como Rodolfo Steiner y Pedro Francisco Vilstalli.
Estas imputaciones por delitos ambientales, chocan de lleno con el reciente pedido de Pérez de “investigar los daños ambientales que dejó Repsol” en suelo mendocino.
“Chañares Herrados deberá ajustarse al concepto de ‘compre mendocino’, utilizar mano de obra local en las exploraciones y realizar un minucioso cuidado del medio ambiente”, señalaba Pérez al momento de extender la concesión. En tanto, la firma, admite hasta en su página web que “todas nuestras operaciones actuales (licencias) se encuentran en la provincia de Mendoza, Argentina”.

Firmando con ¿el enemigo?

Su nombre ya sonaba fuerte como el candidato kirchnerista para suceder a Celso Jaque. La firma con Chañares Herrados, a principios de junio de 2011, se convirtió entonces en el primer acto político que Pérez encabezó como candidato, siendo aún ministro de Infraestructura. El actual gobernador de Mendoza, ponderado por Cristina Kirchner en su discurso pos reelección, le puso la firma al documento por parte del Gobierno mientras Jaque realizaba una gira por China. Del otro lado, por la petrolera, el encargado de suscribir la renovación fue titular del directorio de la empresa, Luis Alfredo Zarattini, acompañado por Rodolfo Steiner, accionista principal de la petrolera argentina y yerno de Lapeyrade.
Héctor Lapeyrade falleció de un ataque al corazón, pero la compañía sigue bajo el control de la familia que también es dueña de explotaciones bodegueras y ganaderas en Río Negro y Buenos Aires. El fallecido empresario fue procesado por encubrimiento agravado, delito con una pena de dos a seis años de prisión, por ayudar a burlar a la Justicia durante catorce meses al teniente coronel Julián “El Laucha” Corres, procesado por crímenes de lesa humanidad en la ciudad de Bahía Blanca entre los que se cuentan 47 secuestros, 38 torturas, 17 homicidios y 7 desapariciones forzadas.
El Laucha fue preso en la unidad carcelaria de Marcos Paz por su actuación en el Cuerpo V de Ejército, acusado de manejar la picana en la mesa de torturas del centro denominado La Escuelita. Lapeyrade era amigo íntimo del padre de Corres y “ayudaba” al represor con 4500 pesos por mes además de otros beneficios para que camuflara su verdadera identidad y de esta manera evadir a la justicia. La primera detención de Corres, el 3 de abril de 2008, se produjo cuando salía de la firma de su padrino Lapeyrade (la mismísima puerta de Chañares Herrados), en la calle Córdoba 1309.
El juez federal Norberto Oyarbide consideró probado que Lapeyrade conocía la situación del prófugo, lo invitaba a almorzar, le facilitaba celulares y pases en Autopistas del Sol a nombre de su firma. “A través de los mismos pudo movilizarse y comunicarse manteniéndose en el anonimato”, escribió el juez, que consideró “completamente contradictorio” el descargo del empresario. El magistrado lo procesó pero lo dejó en libertad con un irrisorio embargo de diez mil pesos.
En la representación de Chañares Herrados Zarattini aparecía ya en 2010 como titular de la empresa, cuando la misma seguía bajo el mando de Lapeyrade, según un registro publicado por el Boletín Oficial de la Nación del 16 de noviembre de 2010. Por caso, tanto el fallecido y procesado Lapeyrade como Zarattini, lejos están de diferenciarse en cuanto a su vinculación y complicidad con la etapa más sangrienta de la historia argentina reciente.
Por si faltara alguien más, Plazademayo.com pudo saber que la empresa además cuenta con la asesoría de otro personaje que debería resultarle repudiable al kirchnerista Pérez: Gerardo Palacios Hardy, un defensor a ultranza de la “memoria completa”, aliado de Cecilia Pando y miembro directivo de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia.
Ahora, ya como gobernador en funciones, el jueves 12 de abril, de acuerdo al Boletin oficial, Pérez volvió a verse la cara con Zarattini para retocar algunos puntos de aquel acuerdo y certificar la continuidad del mismo.

Quién es quien

Héctor Lapeyrade, multimillonario y principal dueño de la petrolera Chañares Herrados admitió que le pasaba 4500 pesos al prófugo Julián Corrés y otros 5000 a su esposa. Fue procesado por encubrimiento agravado, delito con una pena de dos a seis años de prisión, por ayudar a burlar a la Justicia durante catorce meses al teniente coronel Julián Oscar Corres, imputado por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca.
Luis Alfredo Zarattini, otro ex militar involucrado en actos de represión en Argentina y Centroamérica, señalado asimismo por su participación en el asesinato del general chileno Carlos Pratts y acusado por el asalto al Policlínico Bancario. “Compañero de un hermano de Aldo Rico y de Raúl Antonio Guglielminetti en los campos de concentración y en Centroamérica, detenido con un arsenal en su poder en agosto de 1988 e indultado un año después por Carlos Menem junto a un grupo de ex carapintadas”, según publicó el periodista Horacio Verbitsky en Página 12.
Héctor Oscar Corres, miembro de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), una organización de ultraderecha, vinculada a la Triple A. El 6 de diciembre de 1971, un grupo de la CNU entró a balazos a una asamblea de estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Filler recibió un disparo en la cabeza y otros jóvenes resultaron heridos. Sobrevivientes del ataque denunciaron a Corres y a Juan Carlos Gómez, quienes fueron procesados con prisión preventiva y luego beneficiados por una amnistía.
Julián Oscar Corres, teniente Coronel del Ejército durante la última dictadura militar. Fue uno de los represores que abusó sexualmente, aplicó la picana eléctrica y supervisó las ejecuciones de los prisioneros del centro clandestino de detención “La Escuelita” de Bahía Blanca. Buscado por la Interpol el arresto se produjo al salir del edificio de la empresa petrolera Chañares Herrados SA. Fue reconocido por varias de sus víctimas como uno de sus torturadores y el responsable de ese centro clandestino.

MAPA AMBIENTAL MINERO

MAPA AMBIENTAL MINERO