CHAU SAN JORGE!!!!!!!!

viernes, 16 de diciembre de 2011

CFK: ESA MOROCHA PRO MINERIA TRANSNACIONAL


Cristina reimpulsó la minería en Mendoza: confirmó una millonaria inversión de Vale en Malargüe

Paco Pérez enfrentó toda la campaña la gran resistencia que tiene el tema entre ambientalistas y vecinos, pero la mandataria reabrió la puerta a esa industria y confirmó que la minera desembolsará 5.900.000 millones de dólares en el sur para extraer potasio. "Pero la condición fundamental es el cuidado del ambiente", señaló.

Mientras que Paco Pérez enfrentó durante toda su campaña electoral la resistencia ciudadana contra la minería -tanto que al final tuvo que anunciar el bochazo al proyecto San Jorge en Uspallata- la presidenta Cristina reimpulsó esa industria en Mendoza con la confirmación de una millonaria inversión por parte de la minera Vale para extraer potasio en Malargüe.
La compañía -de capitales brasileros- desembolsará en Mendoza 5.900.00 millones de dólares para extraer este mineral, algo que le confirmaron a la mandataria en una reunión reciente.
La presidenta aclaró que "la condición sine qua non es que sea sustentable y con cuidado del medioambiente". Semejante respaldo de la presidenta, aunque no es una novedad la inversión, significa una reapertura de un debate áspero para Pérez, quien fue acusado de prominero durante toda la campaña y prácticamente tuvoq eu silenciar el tema.
Cristina no sólo relanzó en la agenda la palabra "minería", sino que se mostró entusiasta con el emprendimiento y dijo que en febrero espera "poder bajar en helicóptero" a la planta que la compañía tiene en Malargüe.

martes, 6 de diciembre de 2011

Ley de Arraigo de Puesteros, debe cumplirse y superarse...


Saludando el trabajo y disposición de las y los senadores y diputados que impulsaron renovar la suspensión de desalojos de puesteros logrando recientemente la aprobación de la ley 8140, queremos señalar algunos elementos del marco actual de la situación de la tierra y la ley de arraigo.
La reciente ley nº 8.140, vuelve a suspender por dos años “todo proceso de desalojo, títulos supletorios, cuya finalidad sea la modificación de situaciones de ocupación efectiva, tenencia, o determinación de derechos, sobre los inmuebles de dominio privado del estado o de particulares, incorporados o que se incorporen en el futuro al programa previsto en la presente ley, cualquiera sea su estado, aún cuando se hallen en trámite de ejecución de sentencia”. Se refiere entonces a suspender muchas de las situaciones que ponen en riesgo el uso de la tierra de las familias campesinas que crían animales y que en Mendoza se los ha denominado como “puesteros”.

La ley de Arraigo fue sancionada en 1993, y tenía como objetivos más sobresalientes:

a)- mejorar el nivel de vida de los puesteros y su grupo familiar, rescatando, promoviendo y difundiendo sus valores culturales;

b)- posibilitar el perfeccionamiento de su organización social y económica;

c)- evitar el aprovechamiento inequitativo de los puesteros y de su trabajo e industria por su situación de debilidad social y económica;

d)- propender al acceso del puestero a la propiedad de la tierra, legitimar jurídicamente la posesión y tenencia ejercida por los puesteros en tierras fiscales, y en general, promover el saneamiento de sus títulos;

La ley preveía 2 años para sanear la situación de todas las familias de “puesteros”, sin embargo en 1995 se aplazó de nuevo esta suspensión por dos años más y desde ahí en adelante cada vez que se vence ese plazo, se va “renovando la suspensión”.

Existen cerca de 2000 familias registradas en el RUP (Registro Único de Puesteros) sin embargo se puede estimar que son más de 3500 las familias de “puesteros” en Mendoza.

A pesar de existir la ley y la suspensión de desalojos y procesos judiciales, en la realidad las familias son acosadas y presionadas sistemáticamente por empresarios que quieren apropiarse de sus tierras. En los últimos años debido a la crisis internacional del sistema financiero muchos capitales buscan “refugio” “invirtiendo” en tierras y producción generado una nueva presión sobre las familias campesinas, a la que no escapan las tierras en manos de “puesteros”.

Lamentablemente, la ley de Arraigo (Ley 6086) que generó diversos mecanismos para sanear las situaciones de tenencia de la tierra, no se cumple. Arraigo no cuenta con el presupuesto y la infraestructua que la coyuntura requiere, por lo que no ha podido resolver muchas de las situaciones que ha abordado.

Además, son escasos los jueces y fiscales que cumplen con esta suspensión de desalojos y procesos contra los puesteros, basta ver solo en los diarios mendocinos para comprender que son desalojadas familias que deberían estar protegidas por la ley. Además, en las comisarias, la mayoría de las veces sus denuncias no son consideradas, y hasta han quedado detenidos los campesinos que han ido a denunciar.

Incluso tierras de frontera, que por otras leyes tampoco podrían ser propiedad de extranjeros, hoy están en manos de empresas malayas, francesas, y otras y han desalojado “puesteros”.

Se impone entonces que las familias organizadas en comunidad, tengan que defenderse solas de los atropellos, buscando elementos jurídicos, pero también, lamentablemente debiendo poner su cuerpo ante el avance inescrupuloso de empresarios.

Se hace urgente una política más activa, el Estado no puede ser neutral, debe defender a los más vulnerables, a los más débiles, porque además los puesteros, los campesinos somos productores de alimentos, no solo parte del folclore.

Para finalizar, debemos también señalar algunas críticas a la ley de arraigo, y expresar que es necesaria una ley más avanzada y menos discriminatoria:

La ley de arraigo solo considera que los campesinos mendocinos (puesteros) pueden producir cabras, vacas y equinos, y que solo pueden vivir en zonas de secano, es decir sin agua de riego. ¿Cuál es el motivo de esa discriminación? ¿Por qué un campesino no puede vivir en zonas con riego y sumar a su producción frutales y hortalizas?. ¿Por que no hay mecanismos para proteger a los campesinos que son poseedores en tierras con derecho de riego? . Desde Irrigación se otorgan permisos de agua para barrios privados y empresas extranjeras en zonas sin riego sistematizado, mientras miles de familias campesinas no tienen agua ni para sus huertas familiares.

Por eso, reclamamos que a la brevedad:

1- Se haga efectiva la Ley de Arraigo

2- Se genere una instancia en la justicia para denunciar a jueces y fiscales que violan la ley de arraigo y los derechos posesorios de los campesinos.

3- Se genere una comisión del ejecutivo para denunciar a los policías que violan los derechos campesinos.

4- Se cree una comisión, con participación de representantes del ejecutivo provincial, las organizaciones campesinas, de pueblos originarios y de la agricultura familiar, para trabajar sobre una nueva ley que contemple toda la diversidad de sistemas productivos del sector y articule mecanismos para facilitar la permanencia y el acceso a la tierra y al agua de riego. Tal cual está previsto en el Plan de Desarrollo Estratégico de la Provincia de Mendoza.

Mendoza, 2 de diciembre de 2011


¡Ni un metro mas !
¡La Tierra es nuestra!


Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra de Mendoza
Movimiento Nacional Campesino Indigena
ArgentinaCLOC – Vía Campesina
www.ust-mnci.blogspot.com
facebook ust mncitwitter USTierra


tel. 054 261 4905028


http://www.mnci.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=99:ley-arraigo

lunes, 5 de diciembre de 2011

Roces entre puesteros y empresa coreana

 
                http://ocrn.info/2011/Griselda-Suarez

El 14 de noviembre, puesteros de la comunidad "La Verde", acompañados
por militantes de la UST (Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra), se
movilizan al extremo sur de un campo de 14.000 ha situado en el
departamento San Martín, Mendoza, ante el avance de una excavadora
operada por una compañía de origen coreano.  El 28, un grupo de familias
que trabajaba en la zona es interceptado por vehículos de la empresa
apoyados por contratistas de seguridad armados.  Personal de la firma
agrede a un menor presente en el grupo y bloquea el acceso a un sector
del campo.  Diálogo con Griselda Suárez (38), pobladora de "La Verde",
miembro del área de Tierra de la UST.

P: ¿Podrías describir la ubicación y la extensión de la posesión
comunitaria conocida como "La Verde"?  ¿Qué elementos, hasta el momento,
han impedido a los puesteros regularizar el dominio sobre las tierras?

R: Este campo es una fracción de un campo comunitario de 14.000 ha.  Lo
que está en conflicto son aproximadamente 8300 ha.  Estamos en el último
distrito de San Martín, hacia el norte, al este de Nueva California.  Lo
que únicamente tenemos es el RUP, el Registro Único de Puesteros.  Es
una cuestión complicada: en Mendoza no hay muchos casos en los cuales se
haya hecho una expropiación o algo así.  Este último tiempo nos han
estado escuchando; hay algo encaminado para ver si podemos llegar a
regularizar las tierras.

P: ¿De qué manera se solapa con esos campos la propiedad que la empresa
Nuevo Cosmos adquirió en 2009 por US$3 millones?  ¿Cuántas familias
integran la población de "La Verde"?

R: Lo que está en disputa son 8300 ha, excepto 500 ha que ya tienen
trabajadas los coreanos con almendros.  La cuestión es que somos muchas
familias: en ese campo, en las 14.000 ha, habrá más de veinte familias.
Son entre veintitrés y veinticinco familias; quince somos las que
estamos más perjudicadas, afectadas en las 8300 ha.  La abuela por parte
de mi papá es nacida en "La Verde"; mi madre nació en el mismo campo.
La posesión por parte de mi madre es del año 35.

P: ¿Las casas de los puesteros quedaron dentro del campo de Nuevo Cosmos?

R: Algunas sí.  Otras quedaron por fuera, pero porque siempre han
quedado fuera.  Están a la orillita del límite del campo con [el
departamento] Lavalle.

P: ¿El conflicto se presenta por el desplazamiento que el ganado realiza
sobre el terreno?  ¿Hay alambradas en los campos, ya sea levantadas por
la empresa o por los mismos puesteros?

R: Nosotros tenemos ganado caprino, ganado vacuno, y también tenemos
equinos, burros, porque acá en la zona todo es negociable.  Hubo una
alambrada en este campo por un conflicto en el año 1976, en la dictadura
militar.  Era un conflicto con una empresa que lo alambró, pero los
puesteros lo abrieron de nuevo...  Es un viejo alambre que siguieron
conservando los puesteros.  Toda la vida lo manejaron los que en aquella
época eran los puesteros, y después los nuevos: los hijos de los
puesteros seguimos manejando el alambre de acuerdo a nuestra
conveniencia para el trabajo del animal.  Ellos no tienen.  Lo que nos
divide el campo con la parte trabajada de los coreanos son las vías de
tren.

P: Según señalan, en repetidas ocasiones vehículos de la empresa han
embestido a los puesteros.  Los últimos hechos violentos en los que se
vieron envueltos personal y directivos de la compañía coreana ocurrieron
los días 14 y 28.  ¿Qué sucedió?

R: La cuestión fue así: a los compañeros que fueron a pararla, les
echaron una máquina retroexcavadora encima, porque están desmontando,
sacando el monte grande.  Y ahora, en esta última del 28, también estuve
yo.

P: ¿Y hay actualmente custodia policial alguna en el lugar?, ¿o se
mantiene en el campo la presencia de personal privado de seguridad?
¿Cómo están encauzando la resolución del conflicto?

R: No, no hay nada.  La policía estuvo, pero se fueron ahí nomás porque
ellos no pueden meterse en conflictos entre privados.  El personal de
seguridad aparece cuando nosotros estamos por ahí, para intimidar, pero
nosotros ya les hemos dicho que vamos a resistir hasta el final.  Lo que
quieren los coreanos es tomar la posesión por la fuerza, y nosotros no
les vamos a entregar la posesión.  Los puesteros estamos resistiendo en
el campo, estamos resistiendo también en la Justicia.  Esperamos que nos
escuche y tome una determinación.  Les explicamos a los coreanos: la
Justicia tiene que determinar quién tiene la razón.

9 de diciembre de 2011 FESTIVAL DONDE LOS PUEBLOS CORDILLERANOS LE DECIMOS ¡NO A LA MEGAMINERIA!

UNA VEZ ABOLIDA LA RESERVA NATURAL LAGUNA DEL DIAMANTE, YA EMPIEZAN A HACER COLA LOS MINEROS PARA DESTRUIRLA...


 


Por estos días toma trascendencia pública un hecho que viene sucediéndose en forma reiterada casi a diario: una empresa minera publicó edictos en el Boletín oficial respecto de denuncias de descubrimientos mineros en la cordillera del departamento de San Carlos, región que está protegida por leyes provinciales y ordenanzas municipales vigentes al día de la fecha. Lo llamativo es que en este caso se trata de una autorización concesión que el Gobierno de Mendoza está a punto de otorgar en un territorio que él mismo decidió proteger con anterioridad, que actualmente se encuentra en litigio por una causa judicial en su contra.
Antes de continuar con la lectura de este artículo, sugiero vean mi informe del año pasado, cuando denuncié que la Reserva Natural Laguna del Dianate técnicamente no existe más ya que el presente informe es una suerte de lógica continuidad, ante tanto desatino y negligencia oficial...
 
Primero que nadala causa legal iniciada por el Estado Nacional Argentino contra el Gobierno de la Provincia de Mendoza es por la supuesta inconstitucionalidad de dos leyes provinciales: la 6200 y la 7422. La primera de estas leyes crea el área natural protegida Laguna del Diamante, la seguna la amplía y la categoriza como Reserva Natural Hídrica y Paisajística, fija objetivos de conservación y establece límites asociados a los accidentes geográficos del terreno. LAs dos leyes quedaron anuladas por el fallo de carácter cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras se resuelve la causa de fondo.
Segundo que nadala mencionada propiedad minera está en el área de ampliación determnada por esta última, no formaba parte del territorio protegido por la ley original que es de 1997, por lo tanto el cateo del año 2000 es lícito desde este punto de vista, aunque su vigencia no debería ser mayor a año, que como mucho se puede ir a 4 por restricciones climáticas y por ende debería estar caído en sus efectos.
Con respecto a la causa judicial, hace más de un año ya, hice una síntesis respecto de la gravísima sitación generada por la presentación y posterior medida cautelar de la CSJN y de los problemas que se vendrían, que por cierto, esto que sucede ahora es sólo la punta del iceberg.

Qué está pasando?

En síntesis, para los "provos" jueces progres de la justicia federal argentina (Zaffaroni, Lorenzertti, etc. esos mismos que ahora se ponen disfraz de progres cuando en la dictadura no tenían ningún tipo de miramientos en negar pedidos de habeas corpus de los familiares de los desaparecidos que habían perdido a sus seres queridos), sencillamente las leyes que crearon y ampliaron la reserva Laguna del Diamante son incosntitucionales porque vulneran los supuestos derechos adquiridos del Estado Nacional Argentino (¿????) y por lo tanto, de acuerdo al fallo, esa área protegida no existe más. El único atenuante de esta situación es que el fallo es una medida cautelar con posibilidad de ser apelada y dada vuelta, para lo cual hace falta decisión política e idoneidad para seguirla, de todos modos poco es lo que se está haciendo para que la causa de fondo avance en contra del rumbo que ha tomado.
Según me han comentado los abogados de Asesoría de Gobierno, el fallo de la CSJN no tiene efecto más que para el Ejército que reclama sobre las restricciones al dominio de su propiedad y por ende la RNLDD sigue existiendo, de todos modos desconozco el texto de la defensa que han elaborado y presentado allá por 2008 ó 2009, sería prioritariamente fundamental contar con copia de este documento para determinar acciones a seguir. Cabe mencionar además que yo personalmente gestioné una reunión entre estos abogados y representantes de los vecinos autoconvocados de San Carlos en aquel entonces, desconozco si finalmente se llevó a cabo y que se habló ahí, se imaginarán que a 1500 km. es muy difícil estar al tanto de todo.
Sin embargo y más allá de las palabras, por la teoría de los actos impropios que es parte del ABC más básico de la ciencia del derecho, con este acto administrativo de autorizar instancias administrativas de esta propiedad minera, el Gobierno Provincial de Mendoza está reconociendo que la reserva natural ya no existe más y por ende está obrando en consecuencia. Esta gestión de gobierno se caracterizó por intentar imponer hechos consumados que en realidad no lo son y efectúan tomas de decisiones y actos administrativos en consecuencia (ya lo pudimos padecer con el tema de la Minera San Jorge). Las lamentables declaraciones del "Segretario de Ambiente" (¿?) Pablo Gudiño se inscriben en esa lógica, para el gobierno la RNLDD no esxiste más y están obrando en consecuencia, no hay marcha atrás...

Porqué siguen habiendo derechos mineros en las áreas protegidas, si la ley provincial prohibe la actividad en esos espacios?

Respecto de los derechos mineros en áreas protegidas, cuando son previos quedan congelados y deberían caer por el vencimiento de plazos ejecutorios, en el caso que salta ahora, se trata de un cateo que tiene más de 10años, hace rato que debería haber caído, pero en la Dirección de Minería (especialmente en las áreas abocadas al control) reina el caos y esta situación es apenas una muestra del desmanejo oficial respecto del catastro minero, el cual yo vengo denunciando desde el año 2000, por la gran cantidad de derechos mineros vencidos que hay, las superposiciones, las titularidades difusas y los mecanismos poco claros que hay para el otorgamiento de los mismos, que no cumple en absoluto con el procedimiento determinado por ley.

Cómo llegaron a la "Manifestación de Descubrimiento" ???

Quisiera aclarar que en el edicto publicado recientemente: «TECK COMINCO ARGENTINA LTD - M/DESCUBRIMIENTO DISEMINADO DE ORO Y COBRE - DENOMINADO «SAN CARLOS» - DEPARTAMENTO SAN CARLOS, precisamente se está está inscribiendo una "Manifestación de Descubrimiento" (no es una mina ni una autorización para explotar metales, sino que es pasar del derecho a la prospección que ya tienen por el cateo otorgado al derecho a la exploración); eso quiere decir que supuestamente previo a eso han ido al lugar, prospectado y sacado muestras (que según el Código Minero son obligatorias presentar para denunciar una MDD).
Ante esto me surgen varias dudas: ¿no pidieron permiso para enrtar a la reserva, por donde necesariamente tiene que pasar para llegar para acceder al lugar y recolectar las muestras? ¿si no fue así, nadie los vio? ¿dónde está el estudio de impacto ambietal de la prospección (tanto su presentación como su aprobación por parte del gobierno)? ¿cuándo se hizo la audiencia pública obligatoria por la ley nacional 25675 y el art 41 de la CN? ¿o es otra maniobra más de la que nos tienen acostimbrados los geólogos mendocinos, que usan las mismas muestras que tienen acovachadas en la baulera de su casa desde cuando eran estudiantes para denunciar MDD's en cualquier lado?
Otra duda: El lugar está totalmente comprendido en área glaciar y periglaciar (ver imagen armada por  Marcelo Giraud) ¿el gobierno no piensa aplicar la Ley de Glaciares? que al menos nos diga porqué...
En plena vigencia del área protegida, el trámite administrativo de la empresa minera debería haber sido rechazado ni bien fue presentado, porque la ley 6045 prohibe la minería en áreas protegidas. Según el Código Minero, la actividad minera es tanto lo desarrollado en el campo (prospección, exploración y explotación), como las instancias administrativas necesarias para su consecución, entonces desde el vamos, si el gobierno defendió la causa judicial, este acto administrativo está viciado de nulidad porque debería al menos esperar a que la misma se resuelva; ahora bien, si no presentó defensa alguna en la CSJN, estamos en el horno, aunque la nulidad también existiría y habría que buscarla en las respuestas a mis preguntas anteriores.


En la foto se observa un montaje del derecho minero en cuestión sobre una imagen satelital de Google Earth, realizada por Marcelo Giraud, de acuerdo a lo que él mismo explica "El punto 3 se encuentra 10 km al noroeste de la Laguna del Diamante, y el punto 4 unos 6 km al nor-noroeste del cráter del volcán Maipo. La concesión minera está completamente dentro de la Reserva Laguna del Diamante, en su extremo noroeste" Sin embargo debe hacerse notar que el cateo se orotgó en el año 2000, cuando la reserva era más reducida, los límites en aquel entonces fijados por la ley 6200 de 1997, unían el punto 3 y 4 de la imagen y el cateo quedaba fuera de ella, después salió la ley 7422, de ampliación y ahí sí quedó adentro, pero como ocurrió con todos los derechos mineros, quedaron congelasdos en sus alcances, por no poder desarrollar actividades prohibidas por la ley 6045, pero no fueron dados de baja por el gobierno, como hubiese correspondido. Otro detalle importante es su ubicación: los puntos 4 y 5 son los hitos del Paso Alvarado y el punto 1 es el Cerro El Gorro (4900m), la totalidad del derecho minero se halla comprendido en abientes glaciar y periglaciar que teóricamente están protegidos por la ley nacional 26639, se puede apreciar perfectamente grandes extensiones de depósitos morénicos, glaciares de escombros e incluso el Glaciar del Gorro que presenta hielo milenario descubierto, en cuya área de fusión nace el Arroyo del Gorro, que es el principal tributario de la Laguna del Diamante, la reserva de agua dulce en estado líquido más grande de la Provincia de Mendoza.

Otra vez,  la Municipalidad de San Carlos en vittual off-side...
  
Con respecto a la actitud del intendente de San Carlos, sigue siendo penosa y tremendamente lamentable: como siempre, se ocupa del tema minero cuando sale en los medios, se comporta como un verdadero animal político, reduciendo a ese campo un tema que es eminentemente técnico y jurídico, cuyo reclamo es de raigambre popular. La causa judicial contra la Reserva Laguna del Diamante existe desde antes de que él asumiera y nunca efectuó absolutamente ningún acto administrativo para tomar interveción, mas allá de alguna mínima y poco felíz declaración a la prensa. Durante los primeros seis meses de gestión que lo estuvimos asesorando con Paulina Martínez (abogada de la Multisectorial del Sur) y otros compañeros de las asambleas locales, le advertimos sobre los derechos mineros que habían quedado dentro de la reserva, él tenía que solicitar por vía administrativa primero y luego por vía judicial la nulidad de los mismos, así como la de los que están dentro de la "zona de protección" determinada por la ordenanza 1123/2006. Tampoco hizo nada con los cientos de edictos mineros que fueron saliendo publicados en el Boletín Oficial: por algo salen publicados, porque si nadie presenta oposición en los plazos establecidos quiere decir que desde el punto de vista legal todos los ciudadanos del territorio mendocino están de acuerdo y la concesión de la propiedad minera solictada por un particular queda automáticamente efectivizada. Los edictos por derechos mineros en la cordillera de San Carlos fueron muchísimos, se los bajábamos casi a diario, se los pasábamos una y otra vez, les redactamos las oposiciones, nunca hizo nada... La diferencia con este es que tomó estado público a través de la prensa.
Esa ordenanza, la 1123/2006, al igual que las similares de Tunuyán y Tupungato, las redactamos junto con Daniel Esaín, abogado de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), durante la gestión anterior en que Mario Guiñazú era el intendente, nos contrataron por intermedio de la Sociedad Rural del Valle de Uco, hicimos los mapas, hicimos una presentación, talleres de capacitación y un consulta pública y así quedó y la sacaron en medio de las adversidades por pura decisión política, aunque claro está, inducida por la demostración de reclamo popular que hubo por entonces. Después había que reglamentarla e implementarla. Cuando el actual intendente, Jorge Difonso asumió le dejamos el texto del reglamento, con copia al Concejo Deliberante, porque necesitaba ser implementada lo antes posible y notificar a los involucrados en la administración de ese territorio y al gobierno provincial respecto de la vigencia de la misma, publicarla en el BO y además el municipio debía encarar un mínimo de gestión para justificar el estatus legal de "zona de protección" pero nada de eso se hizo. La ordenanza es un instrumento válido como declaración de intenciones, pero el punto flojo desde el punto de vista legal es su implementación por parte del propio interesado, que es el municipio: si ni el propio municipio la implementa, menos tenemos que esperar que la provincia la considere a la hora de aprobar instancias administrativas que vayan en su contra. La actuación que está teniendo el municipio es paupérrima, desde ya, no tiene relevancia en el desarrollo de este proceso, el cacareo a destiempo no sirve para nada...

Qué "pito" toca el ejército en todo esto, más allá del que usan para bailar miliquitos? ¿Qué intereses persigue al hacer un juicio tan absurdo del estado contra el estado? 

El ejército es un estamento del gobierno nacional, por ende, detrás de esto hay NEGOCIOS. Están haciendo lo mismo con todas las propiedades militares del país que tienen estos problemas, accionan contra los gobiernos provinciales y municipales, los pobladores y todo aquel particular que hace uso de sus propiedades o de sus recursos (prestadores turísticos, puesteros, chacareros, pescadores, etc.), no tiene nada que ver con cuestiones de frontera o seguridad nacional, (eso es lo que menos les importa), pasa en todos aquellos lugares donde hay propiedades militares que tienen algún interés megaeconómico detrás: minería, soja, feed lots, bosques, factorías pesqueras, etc. En este caso indudablemente está el capital minero que opera en las sombras de la mano de la inteligencia del estado: así como está judicializada la protesta social, también están aplicando la misma política para anular todas aquellas acciones que han ido en detrimento de sus intereses particulares, no podemos ser tan ingenuos en suponer que después de cada conquista de la lucha popular se van a quedar de brazos cruzados. En Mendoza también hay una causa judicial del ejército contra la ley del Parque Aconcagua que tiene el mismo derrotero directo al abismo; y seguramente también la habrá (si es que ya no está presentada) contra la nueva ley que protege el Cordón del Plata. Curiosamente no sucede lo mismo con el Parque Tupungato, ya que en ese caso existe un acuerdo de comanejo ¿porqué no gestionaron un acuerdo similar con las otras ANPs? estos acuerdos existen en todo el país, incluso con la propia Administración de Parques Nacionales

sábado, 3 de diciembre de 2011

San Carlos prepara acciones legales para impedir la exploración minera


El intendente Jorge Difonso entregó al Gobierno un petitorio votado por los vecinos autoconvocados que ayer protestaron sobre la ruta 40. Recordó que Laguna del Diamante es área protegida.



Finalmente, el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, se reunió con funcionarios de gobierno esta mañana para aclarar puntos de un tema que entró en el centro de la escena desde que días atrás el Consejo de Minería de la Provincia otorgó la concesión de un área de exploración de oro y cobre a la empresa canadiense Teck Cominco en las cercanías a la Laguna del Diamante.

Durante casi una hora, Difonso conversó con el ministro de Gobierno, Félix González, el secretario de Medio Ambiente y la directora de Minería, Adriana Blesa.

Justamente fue Gudiño el encargado de despejar dudas acerca del alcance que tiene el edicto que permite a Teck Cominco marcar la cancha para futuras exploraciones y explotaciones en la bautizada "mina San Carlos", es decir que por ahora no concede ninguna autorización para realizar trabajos en la zona.

Además le explicó al intendente que ahora se abre una etapa en la cual el municipio y cualquier persona o organización que lo desee puede hacer presentaciones legales ante el Consejo de Minería para oponerse a ese derecho concedido. Luego, esa área deberá analizar si da lugar o no a esas posiciones.

Y es en este paso donde se detendrá el jefe comunal y su equipo legal. Durante diciembre prepararán varias medidas que apuntarán básicamente a dejar en claro que cualquier actividad minera que se realice dentro de una reserva natural como la Laguna del Diamante constituye un delito. Se trata del arma más eficaz que tiene San Carlos para revertir la situación, según reconocieron desde la Secretaría de Medio Ambiente.

Es que el Consejo de Minería no podría dejar de reconocer que se trata de un área protegida y que su aprobación para registrar la mina a nombre de esa empresa canadiense se basó en estudios que presentó la interesada en 2000, cuando aún no regía la ley que dio luz verde a la ampliación de la reserva.

Difonso llegó a ese encuentro en Casa de Gobierno con un petitorio votado por todos los vecinos autoconvocados de San Carlos que ayer protestaron durante todo el día sobre la ruta 40 al sur de Pareditas, justo donde el camino se bifurca en la 143 a San Rafael y la 40 sigue hacia Agua del Toro y la Laguna del Diamante. En ese escrito los sancarlinos pidieron a la Provincia que dé marcha atrás con el edicto.

Los vecinos analizarán lo ocurrido en esta reunión el próximo viernes, cuando en una asamblea que realizarán a la noche en la terminal de ómnibus de Eugenio Bustos determinarán las próximas acciones a seguir y que podrían incluir cortes más significativos que los de ayer durante todo el fin de semana.
http://www.losandes.com.ar/notas/2011/11/30/carlos-prepara-acciones-legales-para-impedir-exploracion-minera-609875.asp

En San Carlos NO Queremos Minería Contaminante. NO TIENEN LICENCIA SOCIAL


Mendoza

Jueves, 01 de diciembre de 2011

Con el guiño del Gobierno, San Carlos logró desactivar el proyecto minero en la Laguna del Diamante

El ministro de Gobierno, Félix González, convocó al intendente de ese departamento, Jorge Difonso, y lo habilitó para que objete ante el Consejo de Minería la apertura de una mina de oro y cobre, situada en la reserva natural.

Duras críticas lanzó el titular de la Cámara Minera

Por Marcelo Arcemarce@diariouno.net.ar
Al ritmo de los nuevos cortes de ruta en San Carlos, generados por el proyecto para instalar una mina de oro y cobre en la zona, el Gobierno convocó este miércoles a una reunión al intendente departamental, Jorge Difonso, y le dio señales claras de que el proyecto no prosperará, a pesar de que un organismo oficial dio los pasos legales necesarios en la última semana para que avance.
El ministro de Gobierno, Félix González; el secretario de Ambiente, Pablo Gudiño; y la directora de Minería, Adriana Blesa, le abrieron la puerta al combativo cacique comunal sancarlino para que presentara su oposición legal ante el Consejo de Minería (órgano colegiado que otorga los permisos definitivos de exploración y explotación) y esperan que allí se termine de derrumbar la iniciativa de capitales canadienses, que comenzó en el 2000.
Pero más allá de este camino legal, tanto González como Gudiño dieron la señal política de que la minería en San Carlos, por ahora, no prosperará. Y menos, como en este caso, si se trata de un emprendimiento que está situado en una reserva natural protegida como es la Laguna del Diamante.
“Los permisos otorgados hasta ahora no habilitan la explotación y cuando el titular del proyecto quiera hacerlo, quedará en claro que hay un área protegida y por lo tanto, eso va a ser un impedimento significativo”, expresó González en coincidencia con el abogado especialista en el tema, Jerónimo Shantal, quien dijo en el programa Algo Personal, de radio Nihuil, que “en este caso hay un desconocimiento absoluto del derecho minero”.
Gudiño fue más allá. “Va a ser muy difícil que el proyecto avance a futuro”, remarcó.
Difonso, al término de la reunión con los funcionarios, fue más cauto. Anticipó que su Municipio presentará un recurso de oposición ante el Consejo de Minería y que, en caso de que sea rechazado, seguirá la vía judicial. En tanto, asumió el compromiso de enfriar las protestas en San Carlos que generaron cortes de ruta con el propio intendente al frente de esas manifestaciones.
Ayer la mina provocó reacción también en el Partido Demócrata. El diputado Hugo Babolene hizo una presentación ante la Cámara para suspender la concesión provisoria, por entender que no cumplió con requisitos legales previstos en el Código de Minería.
La clave de la discusión
Estos últimos días más de 300 manifestantes cortaron la ruta 40, en San Carlos,
en protesta por un edicto publicado la semana pasada en el Boletín Oficial en el que se realizó una “manifestación de descubrimiento” para la empresa canadiense Teck Cominco en una zona rica en oro y cobre. Esa publicación fue considerada como el primer paso para la explotación y exploración de estos minerales en la zona, que además está comprendida por la Reserva Natural de la Laguna del Diamante.
La sola mención de la minería, encendió los reclamos de los vecinos autoconvocados de San Carlos y de Difonso, quien se terminó poniendo al frente de los cortes de ruta. Una situación similar a la vivida en 2007 en esa comuna y que desembocó en la sanción de la famosa ley 7.772, conocida como “ley antiminera”.
González llamó al intendente y ayer y le explicó los alcances de los edictos publicados a nivel oficial. Entre otras cosas, el Gobierno dijo que el Consejo de Minería avanzó con los edictos a pesar de estar en cuestión una zona protegida, ya que la empresa se presentó en el año 2000 y en esa época la Laguna del Diamante no tenía el status natural que sí tiene hoy. Y que en este caos, se debía avanzar desde el punto de vista legal, ya que así lo establece el Código de Minería.
Difonso escuchó. Después dijo que tratará de poner en el “freezer” los reclamos y se llevó un CD con una copia de todos los permisos mineros que están en trámite en su departamento. Y prometió volver con los recursos de oposición que terminarían frenando todo.
http://www.losandes.com.ar/notas/2011/12/1/consideran-dificil-permitan-exploracion-minera-609971.asp

Consideran que es difícil que permitan exploración minera

Así lo manifestó el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Pablo Gudiño, sobre el derecho de cateo otorgado a una firma canadiense, para el área de la reserva natural Laguna del Diamante.

Tras reconocer que el derecho de cateo concedido a la minera Teck Cominco afecta el área de la reserva natural Laguna del Diamante, el Gobierno ofreció toda la información necesaria al municipio de San Carlos para que elabore su oposición legal a la medida.

Incluso, el secretario de Medio Ambiente, Pablo Gudiño dijo que, de prosperar el aval dado por el Consejo de Minería a la firma canadiense, será su cartera la que tendrá que salir a exigir "que se respeten las leyes de áreas protegidas".

"Veo muy difícil que se pueda explorar alguna vez en esa zona, pues está amparada por varias leyes", expuso el funcionario de Jaque, una vez terminada la reunión que mantuvo ayer con el intendente Jorge Difonso. El sancarlino había pedido la audiencia la semana pasada, después de que se publicara en el Boletín Oficial el edicto que anunciaba la concesión de la mina de oro y cobre (bautizada 'San Carlos') a la empresa de Canadá.

La respuesta gubernamental llegó recién el martes, cuando más de 400 vecinos autoconvocados de ese departamento cortaron la ruta 40 pidiendo que se retirara ese derecho concedido. Ése fue el único punto del petitorio elaborado por los vecinos y presentado ayer por Difonso en la audiencia -de casi una hora- que mantuvo con Gudiño, el ministro de Gobierno, Félix González, y la directora de Minería, Adriana Blesa.

"Fue muy clarificante la reunión. Nos explicaron que los estudios para pedir este cateo se iniciaron en 2000, antes de que fuera sancionada la ley de ampliación de la reserva Laguna del Diamante (2005). Con la actual legislación provincial, cualquier actividad minera en la zona es un delito", argumentó Difonso.

El jefe comunal anunció que antes de que venzan los plazos oficiales -durante diciembre- presentarán las acciones legales para oponerse al edicto.

De todos modos, y "para transparentar el proceso", los funcionarios provinciales entregaron a Difonso una copia certificada del expediente, a fin de que la comuna o cualquier entidad que lo desee cuente con la información pública y fidedigna para presentar su oposición formal.

Gudiño volvió a descartar que se haya otorgado un permiso para explorar o explotar esa mina de oro y cobre. "Sólo se trata de un derecho provisorio frente a un potencial yacimiento. Ahora se abre una etapa en la que los que se oponen pueden presentar sus acciones de amparo ante el Consejo de Minería", aclaró.

Este organismo funciona como cuerpo colegiado (con participación legislativa, ejecutiva y de distintos sectores) que aprueba los permisos y la Dirección de Minería los controla. Será el Consejo quien decidirá si da lugar a las oposiciones y retira el derecho concedido a Teck Cominco o se mantiene firme en su postura inicial.

El municipio sabe que su arma más eficaz radica en hacer valer las leyes que protegen estas áreas de montaña y glaciares reconocidas como reservas hídricas.

"Ése es un punto de distribución de agua para todo Mendoza. Cualquier accidente puede ser irreversible. Allí nace el arroyo El Gorro que alimenta a la Laguna y al Río Diamante, que riega al oasis Sur. También están las cabeceras de algunos de los afluentes del Río Tunuyán, que baña todo el Valle de Uco y la zona Este, -embalse Carrizal de por medio-", había explicado durante el corte del martes, David Funes, un vocero de los autoconvocados.

Desde la secretaría de Medio Ambiente provincial, también reconocen la legislación que protege la zona y el propio Gudiño dice que la harán valer si las acciones del municipio caen. De todos modos, lo que precupa a los sancarlinos es el accionar del Ejército Argentino que ya ha presentado varias acciones de amparo ante la Justicia Nacional cuestionando la constitucionalidad de la ley 6.045 de áreas protegidas, entre otras. 

jueves, 1 de diciembre de 2011

Diputados piden anulen concesión minera en San Carlos

Fue presentado en la Cámara de Diputados un pedido de informes del diputado Hugo Babolené (PD) por el cual solicita se informe sobre el otorgamiento de la concesión provisoria a la empresa Teck Cominco Argenina LTD. El proyecto también incluye la solicitud del expediente y la entrega de autorización para explorar yacimientos de oro y cobre a la empresa TECK COMINCO ARGENTINA LTDM en el territorio de la Provincia de Mendoza y, especialmente, en el departamento de San Carlos.
La autorización del propietario superficiario del terreno por la denuncia del descubrimiento de un yacimiento y los antecedentes legales para otorgar en conjunto con la inscripción del descubrimiento del yacimiento la concesión provisoria para explotar.

Asimismo, solicita suspender la concesión provisoria otorgada a TECK COMINCO ARGENTINA LTD, por incumplimiento de las formalidades prevista en el Código de Minería, hasta tanto se recaben los informes sobre la procedencia de concesiones provisorias.

Por último el diputado demócrata solicita conocer los funcionarios actuantes en toda la tramitación de la presente autorización para exploración, inscripción de yacimiento y otorgamiento de concesión provisoria.

En los fundamentos del proyecto el diputado Babolené sostiene que “aparentemente habrían algunas diferencias con lo ordenado por el Código de Minería sancionado en el año 1997, ya que según esta normativa debería la empresa concesionaria obtener primero un permiso exclusivo para explorar un área determinada (Art. 25), obtener el permiso del propietario superficiario como condición previa (Art. 26) a quien se notifica recién con este edicto; para con posterioridad inscribirse con el Escribano de Minería. Recién con posterioridad a toda esta tramitación, podría llegar a obtener se el permiso para la explotación del yacimiento, no otorgándose en el mismo instrumento que lo considera descubrir”.
http://www.cuyonoticias.com/informacion/politica/8789-diputados-piden-anulen-concesion-minera-en-san-carlos.html

El intendente Jorge Difonso cargó contra un funcionario y anunció que podría recurrir a la Justicia



Después de las manifestaciones contra un proyecto minero que podría instalarse en Laguna del Diamante, Difonso cuestionó la labor de Walter Vásquez. Además, dijo que cualquier actividad en la zona constituye un "delito". Dijo que los piquetes corren por cuenta de la gente.



"Walter Vásquez enfocó mal el tema de entrada. Decidió atacarme en lugar de analizar un poco la situación", manifestó el intendente de San Carlos, Jorge Difonso (PD), sobre el accionar del subsecretario de Hidrocarburos tras el otorgamiento de un permiso provisorio a la minera Teck Cominco para operar en San Carlos.
Walter Vásquez, apuntado por Difonso.
El jueves, Vásquez ofreció una conferencia de prensa y castigó al cacique demócrata que el día anterior puso el grito en el cielo por el permiso otorgado en Laguna del Diamante. "Difonso generó una preocupación general diciendo que se violó la ley, pero acá se dio total cumplimiento a la legislación vigente", subrayó el funcionario de Celso Jaque.
Sin embargo, las declaraciones de Vásquez no hicieron otra cosa que enturbiar más el panorama y ayer los vecinos de San Carlos se manifestaron sobre la ruta 40, entorpeciendo el tránsito por la zona. Entre los presentes estuvo el intendente Difonso, que 24 horas después se reunió con el ministro político del Ejecutivo.
Después del encuentro privado con el ministro de Gobierno, Félix González, Difonso anticipó que presentará un recurso de oposición ante el Consejo de Minería, que depende de la secretaría de Vásquez. "No sólo el municipio puede presentar un recurso, esperamos que también lo hagan los autoconvocados de San Carlos", especificó.
Difonso estuvo ayer en el corte en Pareditas.
En caso de que no prosperen estos reclamos y que Minería convierta en definitivo el permiso provisorio a la empresa, el jefe comunal sancarlino enfatizó que recurrirán a la Justicia ordinaria. "Cualquier actividad minera en la zona, ya sea laboreo, exploración o cateo, constituye un delito porque está dentro de un área natural protegida", sentenció.
"En base a lo que dicen las leyes, la viabilidad del proyecto es casi nula", evaluó Difonso, antes de relatar parte del diálogo que mantuvo con González. "Me dijo que este permiso es provisorio y que se desprende de unos trabajos que se hicieron en el año dos mil, cuando descubrieron minerales en el lugar", manifestó a MDZ.
Más allá del diálogo ameno que mantuvieron intendente y ministro, Difonso se mostró atado de manos para impedir que los vecinos autoconvocados salgan nuevamente a la ruta. "Las movilizaciones corren por cuenta de la gente. El viernes se reúnen nuevamente y yo asistiré para llevar una copia del expediente", finalizó el jefe comunal.

SAN CARLOS: A las 15 se retomó el corte antiminero en la ruta 40


Está Gendarmería impidiendo la interrupción total de la ruta. Los cortes intermitentes son cada vez por más tiempo. Los automovilistas se adhieren. Jorge Difonso se plegó a la lucha.





El Sol Online

Asambleístas de San Carlos cortan desde la 9 la ruta 40, a la altura de Pareditas, en oposición al avance de los proyectos mineros y a los permisos del Gobierno para realizar el cateo en la zona. Sin embargo, el juez federal Walter Bento envió al lugar a personal de Gendarmería para evitar el corte total, ya que es considerado un delito.

En este marco, los vecinos autoconvocados decidieron realizar cortes "intensificados", es decir, interrumpir el tránsito cada vez por más tiempo, de 15 minutos, pasarán a media hora, para luego cortar 40 minutos y así hasta conseguir la interrupción total durante lo que resta del día.



En las primeras horas de esta mañana, cerca de 80 manifestantes cortaron la vía de acceso. Sin embargo, el magistrado Walter Bento, entendió la protesta como un delito, por lo que envió personal de Gendarmería para evitar el corte.


Luego de enterarse de esto, los vecinos autoconvocados realizaron una asamblea, donde decidieron que el corte será intermitente, cada 15 minutos en principio, con reuniones cada media hora, y no será total y por tiempo indeterminado, como había sido planteado desde un principio.


Alberto Abraham, uno de los vecinos Autoconvocados, le había confirmado este martes a LV 10 que iba a ser una convocatoria importante en la que se reclama "la presencia del gobernador Jaque y del mandatario electo, Paco Pérez".


En tanto, Abraham habló por todos los pobladores sancarlinos cuando soltó que "el Estado no puede hacerse cargo de nada, ni de Irrigación, entonces cómo van a evitar que los proyectos mineros no contaminen ni se lleven el agua de Mendoza".


En el lugar se ha registrado algunos disturbios entre los manifestantes y los automovilistas que intenta cruzar por la zona, llegando incluso a hechos de violencia física aislados.


Recordemos que los habitantes de la zona están también en contra de la utilización del agua de la provincia en momentos de crisis hídrica.


La semana pasada, el subsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez, brindó una conferencia de prensa para "tranquilizar a la población" sobre el reciente edicto del Ejecutivo que autoriza a una empresa canadiense el cateo en más de 700 hectáreas situadas al oeste del área protegida de la Laguna del Diamante.


En las últimas horas se publicó en el boletín oficial del Gobierno el primero de tres edictos que permite a la empresa Teck Cominco que manifieste un potencial descubrimiento en San Carlos para una explotación de cobre y oro.

http://elsolonline.com/noticias/view/117422/el-intendente-de-san-carlos-llego-al-corte-y-apoya-a-los-asambleistas_1

MAPA AMBIENTAL MINERO

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